jueves, 21 de julio de 2011

Contra el olvido


Los trabajos de exhumación fueron seguidos por muchos medios de comunicación
Exhumaciones en la provincia de Toledo


NACHO ROJO MADRID 20/07/2011 Público.es

Víctor agarró una piqueta y cavó con decisión para ayudar a desenterrar aquellos restos como si fueran los de su propio hermano, a quien vio por última vez hace 72 años. Víctor Galán tenía 91 años ese verano de 2010 y, agachado desde la silla, golpeaba con fuerza la tierra donde estaban enterrados 28 fusilados cerca de su pueblo, Alcaudete de la Jara (Toledo). Los recuerdos de sus dos hermanos, uno muerto en combate y otro desaparecido, y de su padre, encarcelado sin cargos y recibido con una mortal paliza al regresar a su pueblo tras la guerra, le hicieron olvidarse de la artrosis que ya no le permite sostenerse en pie".
Las historias se repiten. La lista es interminable. Decenas de miles de desaparecidos desde la Guerra Civil, fruto de la brutal represión franquista durante y después de la contienda. Ya hace 75 años. Y los familiares y las asociaciones de memoria histórica hacen lo que pueden para localizar las fosas, identificar a las víctimas y enterrarlas como es debido. Para recuperar la memoria.
"Es necesario dar a conocer la relación de víctimas del franquismo durante la guerra"
Los fusilados, torturados, desaparecidos, asesinados de cualquier manera y en cualquier lugar merecen "no permanecer para siempre en el olvido", defienden las asociaciones de memoria histórica. "Verdad, justicia y reparación", no se cansan de repetir quienes buscan a sus muertos.
En esa lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo se embarcó el juez Baltasar Garzón hace ya casi tres años. El abogado de las víctimas y colaborador en el proyecto de Público.es, Fernando Magán, entregó las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura: un listado de 133.708 nombres.

La investigación, en el limbo

Junto al "listado definitivo de los represaliados", explica Magán, se entregó al juez otra lista que comprendía todas las exhumaciones realizadas desde el año 2000 (unas 400) y una tercera con los cuerpos identificados o en fase de identificación.
"Conocer el paradero de estas personas, y de otras muchas, que seguro no han sido aportadas, ha quedado socialmente como el mayor reto para toda la justicia española", opina Magán.
El sumario se encerró en un disco duro del que nunca volvieron a saber los demandantes
Pero la Audiencia Nacional dictaminó que Garzón no era competente para investigar los crímenes del franquismo y, además, el juez recibió una querella por prevaricación de grupos ultraderechistas. Ahora será él, y no los verdugos, quien se siente en el banquillo de los acusados.
Los juzgados territoriales a los que Garzón remitió la causa tras inhibirse no tomaron el relevo en la investigación de los crímenes. Y las víctimas permanecen en las cunetas o en fosas comunes sin identificar. El sumario de Garzón se encerró en un disco duro del que nunca volvieron a saber nada las asociaciones demandantes, después de un gran esfuerzo para filtrar los listados de víctimas.
"Nuestra democracia nació de un consenso para obtener un mejor futuro, lo que supuso el reconocimiento de la legalidad de la dictadura y el olvido de sus víctimas. Hoy, más de 30 años después, el mismo deseo debería hacer que todos los demócratas renovasen el consenso para reparar justamente el sacrificio de muchísimos españoles. No hacerles esta necesaria y debida justicia empequeñece y debilita nuestra democracia", afirma Magán.
En la misma línea, el historiador Julián Casanova cree que ahora, asentada la democracia, debemos recordar el pasado para aprender: "Miles de familias están esperando que el Estado ponga los medios para recuperar a sus seres queridos, asesinados, escondidos debajo de la tierra, sin juicios ni pruebas, para que no quedara ni rastro de ellos. Es necesario dar a conocer la relación de víctimas de la violencia franquista durante la guerra y la posguerra, ofrecer la información sobre el lugar en el que fueron ejecutadas y las fosas en las que fueron enterradas".

El sumario

Público tuvo acceso al sumario de la causa de Garzón contra el franquismo. Centenares de miles de documentos digitalizados (más de 90 Gb de información), que incluyen listados de víctimas aportados por las asociaciones y particulares personados en la causa, en muchos casos fruto del trabajo de historiadores y otros investigadores.
La ingente cantidad de nombres y documentos constituyen un trabajo a medias para una causa penal que quedó desbaratada, justo cuando la comisión de expertos nombrada por Garzón tenía encomendada la tarea de poner orden en los papeles, especialmente entre las decenas de miles de perfiles de los listados: había nombres duplicados, muertos en combate o por enfermedad, listados enteros de cementerios que poco tenían que ver con la represión franquista...
Pone en común listados y documentos para que se puedan completar los datos
"Ese listado nunca se llegó a revisar", explica Francisco Espinosa, historiador y miembro de la comisión de expertos. "Ese listado se entregó en bruto y, aunque luego la prensa lo consideró y difundió cifras, nunca se llegó a revisar por ninguna de las personas que componíamos la comisión; no dio tiempo a hacerlo, con lo cual, la validez del listado estaba por ver".
La tarea quedó a medias. Había mucho trabajo por delante y, dada la magnitud de la empresa, Público se embarcó en la puesta en marcha de un proyecto colaborativo en internet, Memoria Pública, que, basado en el sumario de Garzón, pusiera en común los documentos y listados de víctimas para que todos los interesados puedan ayudar a completar datos, ampliar la lista de represaliados y localizar y clasificar los documentos relevantes relacionados con decenas de miles de nombres.
Memoria Pública recoge el testigo de la causa de Garzón y contribuye a la lucha contra la injusticia y la impunidad de los crímenes del franquismo. Persigue recuperar en la medida de lo posible la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, en muchos casos olvidada y enterrada en fosas comunes. Como defienden las asociaciones de víctimas, no se trata de desen-terrar el pasado: se trata de desenterrar a los muertos para enterrar el pasado.
"El olvido oficial, que es lo que muchos tratan de que siga presente en España, no hará desaparecer el recuerdo de las víctimas, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados traumáticos, que vuelven a la superficie una y otra vez", sentencia Casanova.

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