España se escuda en Garzón para evitar que Argentina investigue el franquismo
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| Desaparecidos (Foto La Memoria Viva) |
DIEGO BARCALA 27/07/2011
La
Fiscalía General del Estado ha asegurado a la Justicia argentina que “no
consta” ninguna denuncia en España sobre la “existencia de un plan
sistemático, generalizado y deliberado para la eliminación física de los
ciudadanos españoles partidarios de la forma representativa de
Gobierno”. Además, como adelantó Público el pasado 15 de julio, España
se escuda en el proceso abierto por el juez Baltasar Garzón en la
Audiencia Nacional, para asegurar que sí se han investigado los crímenes
del franquismo. Lo que oculta el informe es que ese magistrado fue
suspendido por abrir ese caso.
El
documento, al que ha tenido acceso este periódico, fue enviado por la
Fiscalía el pasado 7 de junio a Argentina para tratar de evitar, incluso
ocultando información, que la jueza María Servini de Cubría admita la
denuncia que algunos familiares de víctimas del franquismo presentaron
el 14 de abril de 2010 en el país suramericano. La jueza preguntó al
Estado español por vía diplomática por los procesos abiertos contra los
crímenes franquistas. El principio de jurisdicción universal permitiría a
la Justicia argentina abrir un proceso siempre que constate que España
-como país donde se cometieron los delitos- no está investigando.
Pese a
decir que “no consta” denuncia, la Fiscalía enumera todos los pasos
seguidos por Garzón hasta que el 18 de noviembre de 2008 se inhibe en
favor de los juzgados territoriales tras comprobar que los posibles
culpables habían fallecido.
El
Ministerio Público explica que, posteriormente, 22 juzgados
territoriales en los que se inhibió Garzón archivaron el caso por
prescripción de los posibles delitos o tras comprobar que los culpables
habían fallecido. Además, añade que el juzgado de Granada devolvió la
causa del asesinato de Federico García Lorca a la Audiencia Nacional,
generando una cuestión de competencia pendiente de ser resuelta en el
Tribunal Supremo.
Ley de Amnistía
La
Fiscalía reitera que ningún juzgado ha aludido a la Ley de Amnistía de
1977 para archivar la causa. Sin embargo, el informe oculta que el
juzgado de Aranda de Duero (Burgos) archivó la denuncia aludiendo a los
argumentos esgrimidos por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela en
el proceso que acabó con la carrera judicial de Garzón en la Audiencia,
como explican los denunciantes. Esos argumentos señalaban que la Ley de
Amnistía y la Ley de la Memoria impedían abrir la investigación y que
Garzón prevaricó.
“Los
denunciantes hemos entendido que en España la cuestión estaba cerrada.
Ni en los juzgados de primera instancia ni en el resto de tribunales se
ha querido contradecir las tesis del Tribunal Supremo”, advierte el
abogado de los denunciantes, Fernando Magán. El Supremo tiene pendiente
resolver si Garzón abrió o no la investigación a sabiendas de que era
injusto hacerlo. Es decir, si prevaricó.
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