EL
ALCALDE DE LA CAPITAL GRAN CANARIA, JUAN JOSÉ CARDONA, RECHAZA UNA
PETICIÓN DE LA PLATAFORMA DE FAMILIARES DE LOS FUSILADOS DE SAN
LORENZO.
Imagen de los restos de reperesaliados republicanos que fueron rescatados en un pozo de Arucas. |
Canariasahora 16 agosto 2013
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria ha denegado la solicitud presentada por la Plataforma de
Familiares de los Fusilados de San Lorenzo, para exhumar los cuerpos de
85 represaliados por militares y falangistas tras el golpe de estado de
julio de 1936. Los cuerpos de estas víctimas de la represión franquista
se encuentran en una fosa común del antiguo Cementerio de Las Palmas,
sito en el barrio histórico de Vegueta.
Según denuncian los familiares, la
petición ha sido rechazada por escrito por parte del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria. La institución está gobernada, por mayoría
absoluta, por el Partido Popular. La notificación oficial en la que se
niega la intervención en la fosa, aseguran fuentes de esta plataforma,
está firmada por el alcalde de la capital grancanaria, Juan José
Cardona.
“Ni siquiera han tenido en cuenta que
entre los tirados como perros a esa fosa común está el alcalde de San
Lorenzo, Juan Santana Vega o el periodista lanzaroteño, Manuel
Fernández, todos ellos torturados salvajemente y asesinados por
falangistas y militares criminales, junto a miembros mafiosos de la
oligarquía canaria”, se lamentan los familiares mediante un comunicado.
Para la Plataforma ciudadana, que
adelanta que llevará el caso ante la justicia de la Unión Europea, esta
actitud del alcalde popular niega “el derecho a una tumba digna” a los
fusilados a la par de demostrar que “en este Estado español, el fascismo
sigue vivo en instituciones y estamentos”.
El pasado 21 de noviembre, los familiares de los represaliados de San Lorenzo presentaron una demanda ante la Justicia para solicitar la autorización para
la exhumación de los restos. La reclamación judicial contó con la
dirección letrada de Rubén Alemán Sánchez y el asesoramiento de Lidia
Vicente, una de las abogadas responsables de la querella argentina
contra el franquismo y el Estado español por crímenes de lesa humanidad.
En la demanda, los familiares suplicaban
al juez que constate la muerte violenta de estos a partir de la
correspondiente prueba pericial “y se proceda identificarlos y
entregarlos a sus familiares al objeto de darles sepultura o
incineración, ya que en la actualidad se encuentran fuera de los lugares
propios de inhumación de sus cuerpos”. El juzgado desestimó la demanda
el 27 de diciembre.
Según explican los miembros de esta
plataforma, la única intención de sus demandas es poder dar a los
asesinados por el Franquismo una “sepultura digna a la que se puedan
poner flores”, anhelos que, inciden, se ven entorpecidos por “una
tetrapléjica justicia” y una “casta política inmensamente corrupta”.
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