Es la primera vez que se comunica a la justicia evidencias de
asesinatos de la Guerra Civil y que no sea por parte de asociaciones y o
familiares de asesinados.
Paul Preston celebra la iniciativa, y la magistrada Amaya Olivas apunta que los restos óseos de Granada y Málaga corresponden a "víctimas de genocidio".
Paul Preston celebra la iniciativa, y la magistrada Amaya Olivas apunta que los restos óseos de Granada y Málaga corresponden a "víctimas de genocidio".
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| Fosa común |
La Junta de
Andalucía abre el camino a la investigación judicial de los crímenes del
franquismo tras comunicar evidencias de asesinatos colectivos halladas
en fosas comunes de Cañete la Real (Málaga), Víznar y Òrgiva (Granada).
Insta a los jueces a que asuman estas causas e inicien el protocolo de
exhumaciones. Se apoya para ello “en los protocolos y la
jurisprudencia internacional, como el Tribunal de Nuremberg, el de
Derechos Humanos o Naciones Unidas“. Como es la primera vez que
se toma esta iniciativa, los juzgados en que los que recaigan los
procesos se encuentran ante una “oportunidad histórica”.
Los trabajos
arqueológicos muestran restos óseos y de armas de fuego, con cuerpos
arrojados en habitáculos fúnebres ilegales y una disposición aleatoria.
En las comunicaciones –Juzgado de Guardia de Granada y Partido Judicial
de Antequera– esto son pruebas de la consumación de episodios violentos.
“Cuando hay evidencias de crímenes cometidos por un poder público no pueden prescribir, son crímenes contra la humanidad“, subraya el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo. Hasta ahora, sólo familias de represaliados y asociaciones memorialistas interpusieron denuncias.
“Es una iniciativa de gran trascendencia”, refiere Carlos Slepoy,
abogado de la Querella Argentina contra la dictadura franquista. “Sólo
resta que haya jueces que en cumplimiento de las normas internacionales
de derechos humanos y los tratados suscritos por España, abran el camino
de la investigación judicial ante esta oportunidad histórica”, subraya.
Si lo hacen, puntualiza, otros “seguirán su ejemplo y se pondrá fin a
la impunidad del franquismo”. El letrado sostiene que “todas las
instituciones tienen la obligación no sólo de apoyar a las víctimas y
sus familiares, sino de asumir como propio e intransferible el cultivo
de la memoria histórica”.
Las
diligencias de investigación tras denuncia por desapariciones forzadas o
detenciones ilegales han de centrarse en la localización e
identificación de restos humanos y su exhumación. Este formulismo, aún
no aplicado en España, requiere de la colaboración multidisciplinar y la
actuación coordinada de las “fuerzas judiciales (juez, fiscal y policía
judicial) junto a antropólogos y médicos forenses”, explica la
magistrada en Barcelona, miembro de Jueces por la Democracia y autora
delModelo para el protocolo de exhumaciones, Amaya Olivas.
Contra la impunidad
La
preservación del material óseo, con la cadena de custodia, permite que
llegue “en las mejores condiciones al laboratorio criminal para las
pruebas de ADN” que se confrontan con las realizadas a familiares de la
víctima. Andalucía ha puesto en marcha con su denuncia “la legislación procesal criminal española” ante la aparición de “restos de víctimas de dictaduras y genocidios”, incide.
“¿Mi opinión? Por supuesto celebro esta iniciativa de la Junta de Andalucía”, confiesa el historiadorPaul Preston, autor de obras como El holocausto español. El hispanista percibe, no obstante, una traba: “Desde luego, hasta que no se derribe la Ley de Amnistía no podrá progresar la iniciativa,
fue precisamente por esto que fracasó la de (Baltasar) Garzón”,
apartado finalmente de la carrera judicial por ordenar escuchas en la
trama Gürtel. Cuenta Carlos Slepoy que en los procesos de transición de
una dictadura a una democracia “suelen” pactarse mecanismos de “olvido e
impunidad” y, como consecuencia, “perviven estructuras y funcionarios
del régimen anterior”. Una situación “reversible” mediante “un potente
movimiento social” e instituciones “sensibles a sus reclamos”.
En España,
la judicatura acude a una “supuesta prescripción” de los delitos que
impide investigar, localizar las fosas y exhumar los restos. La Junta de
Andalucía, no obstante, incide en que la competencia sobre estas
denuncias corresponde a los juzgados de instrucción, según la
jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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