La eliminación de las ayudas
públicas para exhumaciones e investigaciones de los crímenes del
franquismo pone en peligro todo lo avanzado en seis años
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| Familiares de represaliados por el franquismo |
PUBLICADO POR F.J. 13 Marzo 2013
El movimiento memorialista se plantea buscar dinero privado fuera de España o recurrir al micromecenazgo
Los actos de devolución de restos se han convertido en un espacio
público donde las familias pueden legitimar su condición de víctimas,
aunque no consigan esa legitimación en un juzgado o en un libro de
historia. Foto: ARMH
Los números que preceden las primeras palabras de este artículo no
son un error. Se trata de una cifra que pocos reconocerán, a pesar de
que tiene una decisiva importancia simbólica. Es el código de la partida
en los presupuestos generales del Estado gracias a la cual se han
excavado cunetas, abierto fosas, cotejado restos óseos y rastros de ADN,
investigado y divulgado sobre los asesinados y represaliados durante la
Guerra Civil y el franquismo en los últimos seis años. Esa partida, ese
25.02.9120.483, ya no existe. Ha pasado de 2.501.540 euros a la nada.
La importancia de esa cantidad de dinero
no es sólo económica sino también simbólica, porque con ese gesto el
Estado da la espalda al proceso de recuperación de la memoria histórica,
empujando esta responsabilidad de nuevo al ámbito de lo privado. “Es un
paso atrás muy importante porque supone volver a la situación anterior
al año 2006, antes de la Ley de Memoria Histórica”, explica el
antropólogo Francisco Ferrándiz, investigador del CSIC en el proyecto Las políticas de la memoria.
“Antes de 2006 eran las familias o los ayuntamientos los que ponían
lugares para que los que trabajaban en las excavaciones pudieran dormir y
las comidas se financiaban colectivamente. El dinero del Ministerio de
Presidencia hacía que esos gastos se centralizaran, pero ahora habrá que
buscar financiación para cada gasto por separado, aunque para alguno,
como las pruebas de ADN [unos 350 euros por cuerpo], no sé yo dónde va a
haber financiación”.
“Volveremos a los niveles de los primeros años”, coincide Marco González, vicepresidente de laAsociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH),
“donde no podíamos permitirnos más que un equipo durante las vacaciones
que llevara a cabo exhumaciones fáciles o técnicamente viables en un
sólo día de alquiler de la retroexcavadora”.
González calcula que en realidad el 80%
del trabajo de recuperación se hace por voluntariado. El máximo de
dinero que otorgaba el Ministerio por proyecto era de 40.000 euros o
60.000 si incluía exhumaciones. “Si hay que volver a la tortilla o al
bocadillo y a dormir al pabellón del Ayuntamiento, pues se vuelve, pero
cuando se han creado procedimientos y estructuras de trabajo durante
todo el año que ahora están en peligro de desaparición, duele”, opina
González. Es lo que Ferrándiz llama “descapitalización humana”, más
peligrosa que la económica. La formación de investigadores muy
especializados agrupados en equipos estables con protocolos
consolidados, “ese es el mejor efecto de la financiación pública”.
Buscarse la vida
En el laboratorio de la ARMH del
campus de Ponferrada de la Universidad de León trabajan tres personas y
una de ellas es Marco González. Ponferrada es la cuna del proceso de
Recuperación pues en Priaranza del Bierzo, a 20 kilómetros de allí, se abrió la primera fosa de manera profesional en
el año 2000, donde estaba enterrado el abuelo de Emilio Silva,
presidente de la Asociación. Desde allí se coordina el trabajo de
voluntarios e investigadores, se reciben los restos, se realizan los
trabajos de identificación y los estudios que permiten completar las
lagunas del bando derrotado en la Guerra Civil.
Esas tres personas siguen trabajando día a
día, cerrando los casos que ya tenían abiertos pero, con la
desaparición de las ayudas públicas, están abocados al paro. “Estamos
luchando por conseguir una mínima financiación para mantener esos
puestos pero llegado cierto punto, la gente tendrá que buscarse la
vida”, advierte Marco. El local lo aportó la Universidad, pero lo dotó
la ARMH y por allí ha pasado una grandísima parte de todos los restos
recuperados en los últimos años.
A pesar de su importancia, Marco explica
que “el Gobierno no tiene ningún interés en el laboratorio, nadie lo ha
visitado, ni siquiera la administración local, a los que vimos un día
por la ventana inaugurando la calle de atrás, llamada de la Memoria
Histórica”. Actualmente en su laboratorio hay 60 casos a punto de ser
resueltos, en la antesala de una prueba genética que no podrá realizarse
por falta de dinero.
Los otros dos importantes grupos de
trabajo estables son el que dirige el médico forense Francisco
Etxeberria en la Sociedad Aranzadi, dedicado a la zona norte, en
especial Euskadi y Navarra, y el de la Universidad Autónoma de Madrid.
En él, dos personas han estado contratadas durante siete años a tiempo
completo pero de manera intermitente, con contratos de varios meses de
duración. Permanecerán allí hasta el verano para poder cerrar al menos
dos de los proyectos abiertos: el del Cementerio de La Carcavilla en Palencia y una fosa de presos en Valdenoceda (Burgos), enterrados bajo tumbas modernas, en total, unos 180 cuerpos.
El caso de los 156 presos de Valdenoceda
lleva diez años abierto y la Agrupación de Familiares ha pasado por
grandes dificultades, como la necesidad de recaudar 4.000 euros para pagar al Estado los intereses de la devolución de
la subvención de 58.200 euros que tuvieron que devolver al no conseguir
localizar en plazo a todos los familiares de las inhumaciones situadas
sobre la fosa común. Para realizar la exhumación de los 39 cuerpos que
aún están enterrados es necesario trasladar esas tumbas con el
consentimiento de los familiares, una tarea complicada que les llevó
mucho más tiempo del que esperaban.
Con vistas al futuro trabajo de cotejamiento, la agrupación busca a familiares de 13 de los 86 que quedan sin identificar,
aquellos con posibilidades más altas. El 13 de abril se les rendirá un
acto de homenaje. “Sin financiación va a disminuir la actividad”, aclara
Francisco Etxeberria, “pero la disposición del equipo que coordino es
la de atender los casos incluso sin ninguna ayuda económica. Lo haremos
como en los primeros años, en régimen de voluntariado”.
Buscar financiación privada
Luis Ríos es el antropólogo que desde la
Autónoma ha participado en la fosa de Valdenoceda e investiga en
exhumaciones e identificación de restos óseos humanos de fosas comunes y
cementerios de la Guerra Civil. Ríos considera que hasta el 31 de marzo
seguiremos viendo informes, devoluciones de restos y trabajos
financiados con dinero público. A partir de ahí, el escenario será otro.
“Hemos tenido una reunión entre diferentes grupos de trabajo y hemos
valorado buscar financiación en fundaciones privadas de fuera de España, es lo único que se nos ocurre. Es un modelo desconocido en España pero habitual en otros países”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está sopesando más opciones. Entre ellas, una campaña de captación de socios. No descartan recurrir al crowdfunding que,
para Marco González, es “algo digno”, pero “sería vergonzoso para un
Estado ver cómo los derechos humanos se tienen que solucionar con la
aportación de terceros y menos de los familiares, una familia de un desaparecido no tiene que gastar ni un euro”.
“Dónde se ha visto que particulares sean
los que levanten restos de personas que han sido asesinadas y que la
justicia lo obvie o mire para otro lado”, se pregunta Emilio Sales, del
Foro por la Memoria Histórica de Toledo. “Cómo se puede permitir que
pruebas de un delito sean manejadas por personas ajenas a la acción
judicial, pruebas de asesinatos que, como crímenes de lesa humanidad, no
prescriben”. Emilio piensa que las exhumaciones debería realizarlas el
Estado y no, como él los llama, los Milicianos de la Memoria,
todo este gran conjunto de ciudadanos que, sean voluntarios o
investigadores, lo hacen desinteresadamente o por la cobertura mínima de
los gastos. “La ARMH no debería estar aquí, somos algo accidental, la
memoria debería ser gestionada por los gobiernos y los estados… pero no
lo han hecho”. Marco y José Luis Muga, vicepresidente de la Federación
Estatal de Foros por la Memoria, coinciden: las exhumaciones deben
pagarlas los juzgados de instrucción de las provincias.
En Cataluña vivieron el apagón de ayudas
públicas un año antes incluso que las del Ministerio de Presidencia. Ni
la Direcció General de Memòria Democràtica ni el Memorial Democrátic
conceden subvenciones desde 2011, con el cambio de Gobierno en la
Generalitat. La Direcció General tiene el cometido de hacer cumplir la
Ley de Fosas catalana y tiene una unidad que recibe las solicitudes de
búsquedas y exhumaciones, “pero la sensación que se traslada es que está
todo muy parado”, opina Queralt Solé, profesora de Historia
Contemporánea en la Universitat de Barcelona y autora de una tesis sobre
las fosas comunes en Cataluña.
“La Memoria ha estado siempre en el entorno de lo privado y las subvenciones no eran más que un subterfugio para parecer que se llevaba a lo público,
pero el Estado nunca asumió una dirección de la Memoria Histórica”,
analiza Solé, quien alerta también que dejar la investigación en la vía
del voluntarismo puede afectar a la rigurosidad. “El capital humano y de
conocimiento interdisciplinar que se ha formado en estos años está
siendo muy valorado fuera de España, están llegando grupos de
universidades inglesas, italianas y alemanas para ver cómo hemos
realizado los trabajos de Memoria Histórica”. Todo este conocimiento
está generando tesis, másteres, trabajos que antes no existían, que se
extienden a los libros de textos y las tareas escolares en Secundaria y
Bachillerato.
Funcionamos, como explica Ferrándiz, con
un “modelo subcontrata de derechos humanos”, donde el Estado “no ha
amparado sino que ha trasladado la responsabilidad a familias y
asociaciones sin ningún tipo de coordinación” mediante una Ley de
Memoria Histórica que no ha dejado contento a nadie. “Con el fin de las
subvenciones se quiere pone también fin al debate que ha puesto en tela
de juicio a la transición y su modelo de impunidad”, opina José Luis
Muga. La memoria histórica ha desaparecido de la agenda mediática, se ha
quemado, no se habla de ella en los periódicos ni en el telediario y
está también fuera de la agenda política.
Puente desde el silencio
“Ha pasado directamente al olvido”,
reflexiona Laura Muñoz, investigadora de la Universidad de Extremadura,
“y tal vez una saturación de memoria ha sido al final perjudicial para
las familias, que han visto cómo sus traumas han pasado de la primera
línea al plano de la invisibilidad, ya no mediática, sino social y
política”. Desenterrar es un acto muy simbólico, los cuerpos emergen a
una “vida after life” –según un término de Ferrándiz–, y de
alguna manera dialogan con la sociedad que existe 70 años después de
muerte. “La exhumación de fosas comunes ha supuesto no solo la
recuperación de los cuerpos, sino también ha tendido un puente desde el
silencio impuesto a las familias aún en buena parte de la democracia,
hacia la escucha y comprensión de una sociedad marcada, hasta no hace
mucho tiempo, por una amnesia consensuada, indiferencia acomodada, e
incluso, olvido consentido”, analiza Muñoz.
El grupo de Luis Ríos ya descarta abrir
un proceso de trabajo de una gran excavación en Burgos. Lo mismo en
Medina del Campo, una bodega de vino hundida donde arrojaron cuerpos
pero que precisa de un costoso trabajo vertical que sin ayuda económica
no pueden acometer.
¿Qué va a ocurrir con los nietos de los
derrotados que son los que hoy se atreven a preguntar en voz alta? ¿Y
con los hijos aún supervivientes, ya tan mayores? Hace pocos días llamó
al laboratorio de Ponferrada un hombre cuyo padre yacía, presuntamente,
en una fosa abierta en 2010 donde había cuatro esqueletos. Se han hecho
dos pruebas de ADN, no hay dinero para los otras dos. El hombre llama
porque tiene 82 años y está enfermo. Sea como sea, hay que hacerlo, y
hay que hacerlo pronto, dicen los investigadores.
“La gente mayor se muere, todavía hay
tiempo para hacer más cosas pero, en cualquier caso, hemos llegado
tarde, por todo lo que no se hizo antes del año 2000″, recuerda Luis
Ríos. Los mayores son los que podían dar testimonio de dónde estaban las
fosas, bien porque lo vieron de niños o porque se lo transmitieron
oralmente. “Conocemos familiares que han muerto esperando, eso es
bastante injusto”.
Para la investigadora de la Universidad de Extremadura, “se va a producir un gran efecto traumático” en las familias,
“ya que después de 77 años de espera y después de los logros
conseguidos en los últimos años, este hecho supone una vuelta al punto
cero. Los familiares vuelven a ver cómo sus demandas, solicitudes y sus
derechos son vulnerados nuevamente y relegados a un segundo plano.
Además, el tratamiento actual de las víctimas, invisibles, dentro de la
esfera política supone un doble trauma para los familiares ya que ven
nuevamente truncada y frustrada su necesidad y anhelo de localización de
los cuerpos de sus seres queridos y la restitución de su identidad e
historia”.
Error 404: Memoria Histórica no encontrada
El Gobierno fulmina cualquier ayuda
pública para seguir investigando en los puntos oscuros de la represión
franquista y lo hace sin dabate público, explicaciones o protestas
ciudadanas. El ciclo de interés de la opinión pública sobre la Memoria
Histórica está en sus horas más bajas, “se ha quemado mediáticamente”,
explica Ferrándiz. Eso, unido al efecto crisis, ha permitido que el
Gobierno del PP se retirara por completo de este ámbito de una manera
suave y silenciosa, sin resistencia.
La página del Ministerio de Presidencia donde se encontraba la información de las ayudas y el procedimiento para
solicitarlas ha sibo borrada de la web, en lugar de dar algún tipo de
explicación, como si nunca hubiera existido. A pesar de que la propia página del Gobierno sobre Memoria Histórica sigue manteniendo un enlaceen
el apartado de subvenciones que apunta a la página eliminada. Esta
página oficial no incorpora la información actualizada sobre la
cancelación de las ayuda.
Desde la web del Ministerio de Justicia también se indica que hay “más información”sobre
la Memoria Histórica en la web del Ministerio de Presidencia. Error. No
hay ninguna información sobre ella en la página de este ministerio.
El Estado concede subvenciones desde el año 2006. Entre 2006 y 2011 se han destinado 25,1 millones de euros,
de los cuales 8,1 han sido para la apertura de fosas; 3,3 para la
recogida de testimonios; 2,9 para archivos y censos y 2 para la
realización de documentales. De los 1.367 proyectos presentados, se han
admitido 832 (el 61%).
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