Una de las recurrentes, María Martín, fue testigo en el juicio al que se sometió al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber investigado estas desapariciones careciendo de competencias para ello.
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| Fausto Canales, con las fotos de los diez desaparecidos en Pajares de Adaja (Ávila) en el verano de 1936. FOTO: FUEN BENAVENTE |
EUROPA PRESS MADRID 05/03/2013
Fernando
de León González y María Martín López, familiares de represaliados al
inicio de la Guerra Civil Española, han presentado una demanda ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) solicitando ser resarcidos
por Estado por denegarles ayuda en la búsqueda de sus familiares
asesinados y desaparecidos. Denuncian el silencio de las instancias
judiciales españolas, en este caso el Juzgado de Instrucción número 2 de
Arenas de San Pedro (Ávila) y la correspondiente Audiencia Provincial,
que inadmitieron a trámite las
acciones emprendidas por ambas familias para que fueran investigadas
las desapariciones, ocurridas al inicio de la Guerra Civil en la
localidad abulense de Pedro Bernardo.
Una de las recurrentes, María Martín,
fue una de las testigos que compareció en febrero de 2012 ante la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo durante el juicio al que se sometió al
exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber investigado
las desapariciones durante el franquismo careciendo de competencias para
ello. El magistrado fue absuelto.
En dicha
ocasión María Martín, una mujer enlutada y con el pelo cano que tardó
varios minutos en acceder a la Sala debido a que tenía que caminar
ayudada de un andador, narró ante los magistrados que a su madre la
mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6
años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, “pegada al
puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por
encima”.
Según
Martín, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna
Administración había hecho “nada” por ayudarle a encontrar a su madre
ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), pese
haberse dirigido por carta a muchas de ellas. El mismo día que mataron a
su progenitor también se llevaron de su pueblo a 27 hombres y tres
mujeres. “Sólo un hombre se escapó, y no lo encontraron. Ahora, María y
su vecino Fernando de León demandan al Estado por violar hasta 11
preceptos Convenio Europeo de Derechos Humanos y un artículo de la Carta
de derechos fundamentales de la Unión Europea.
Se impidió la investigación
Consideran
que la Administración ha formalizado la denegacion de justicia en cuanto
a la investigación, enjuiciamiento y sanción de lesa humanidad
denunciados, consistentes en desapariciones “en un contexto
de sistemática privación de libertad, de asesinatos, castigos físicos,
violaciones, trabajos forzados, expolio de bienes, paropiaciones
indebidas, alteración de identidad y demás actos delictivos” adoptados
con el ámimo de destruir en tiempos de guerra y de paz (desde 1936 a
1977) “el grupo nacional de creencias laicas y partidario de la forma
republicano-representativa de gobierno en España”.
Añade la
demanda que el Estado sigue vulnerando sus derechos al impedir hoy una
investigación judicial efectiva de lo ocurrido y al denegar su acceso a
los tribunales. Concretamente, solicitan que se declare que el Reino de
España ha vulnerado el Convenio Europieo y que tiene el deber de reparar
el perjuicio causado y resarcir a los recurrentes.
En su
escrito de demanda, recuerdan que los hechos cuya investigación ellos
reclaman quedaron impunes y que hasta la fecha han sido
identificadas más de 300.000 personas que fueron ejecutadas y otras
115.000 detenidas y desaparecidas.
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