María Martín, con un retrato de sus padres. Peña |
J. M. / Talavera - jueves, 07 de marzo de 2013
María Martín
busca los restos de su madre, Faustina López, desde hace muchos años.
Tantos, como los transcurridos desde aquel 14 de septiembre de 1936 en
que fue separada forzosamente de su progenitora. Siguiendo la encomienda
de su padre fallecido en 1977, mantiene firme el empeño de desenterrar
los restos de la mujer, desaparecida a manos de los soldados
franquistas. Esta octogenaria que reside en Buenaventura, con voz
afónica, subraya que tendrá que estar delante cuando se efectúe la
exhumación porque es la única que conoce el lugar exacto de la fosa, en
una carretera entre la población abulense de Pedro Bernardo y
Buenaventura. Sin embargo, ni María Martín ni Fernando de León, un
vecino de Pedro Bernardo que busca también los restos de su padre
desaparecido en las mismas fechas, han recibido el respaldo de los
juzgados para la exhumación y posterior enterramiento de sus familiares,
por lo que han apelado a instancias europeas. El Juzgado de Instrucción
número 2 de Arenas de San Pedro no ha admitido a trámite la demanda,
así como tampoco tuvo efecto el recurso de apelación en la Audiencia
Provincial de Ávila tras un auto del año pasado. Así han agotado las
vías del sistema jurídico español. Ahora, ambos han recurrido ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmando que el Gobierno de España
ha vulnerado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, aunque no es el primer caso
relacionado con la Guerra Civil española que acaba en instancias
europeas. Reclaman la intervención del Gobierno en estas exhumaciones y
en las investigaciones de lo ocurrido en 1936. «Al no respetar sus
obligaciones internacionales respecto a la investigación, enjuiciamiento
y sanción de los delitos de lesa humanidad impunes denunciados respecto
al derecho a la vida, a la prohición de tortura, a un proceso
equitativo ante un Tribunal imparcial sin dilaciones indebidas, a un
recurso efectivo, incurriendo en denegación de justicia respecto a los
recurrentes», dice la demanda presentada ante el Consejo de Europa en
Estrasburgo. María ha recurrido desde hace años directamente a
representantes políticos para recuperar los restos de su madre, pero de
momento no ha podido cumplir el encargo de su padre. «No quiero
perjudicar a nadie», dice. Precisamente, hace un año, María Martín
conmovió a la sociedad española con su declaración ante el Tribunal
Supremo en el juicio que se siguió contra el juez Baltasar Garzón por un
delito de prevaricación en la investigación del franquismo. En su
declaración, relató que las administraciones habían obviado sus
reclamaciones hasta que entregó una denuncia en la Audiencia Nacional.
La apelación es una nueva vía de María Martín para continuar con el
empeño que heredó de su padre y encontrarse con la memoria de su madre.
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