El experto del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
desapariciones forzadas cree que la Ley de Memoria Histórica necesita un
cambio de "espíritu" y afirma que para que la Ley de Amnistía deje de
ser un estorbo es suficiente con un cambio de interpretación de los
jueces.
Público.es / ALEJANDRO TORRÚS / 01-10-2013
Ariel Dulitzky es experto del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. Llegó a España el domingo de la semana pasada junto a Jasminka Dzumhur y hasta ayer, lunes, ha estado manteniendo reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura franquista y expertos en legislación en materia de derechos humanos y memoria histórica. La labor del grupo ha sido la de examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la reparación y la memoria.
Las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el Grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de víctimas.
"El Estado debe reparar a las víctimas con urgencia. No queda tiempo"
"La filosofía de la ley de Memoria Histórica debe cambiar"
Por otro lado, la evidencia física cada vez es más difícil de recuperar. La recuperación de documentos, cadáveres, etc. Todo esto hace que sea necesario más urgencia en las investigaciones, las excavaciones, en la preservación y descubrimiento de otros documentos, ordenación de archivos . El transcurso del tiempo nunca puede servir como excusa para que el Estado no actúe. Al contrario, debe servir para hacer una investigación más profunda.
Lo segundo, es que la Ley tendría que contener una obligación de un Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos. Nosotros sabemos que la búsqueda será muy difícil y que muchas de las personas desaparecidas nunca podrán ser identificadas, pero hay que analizar esto.
En tercer lugar, también debe haber una investigación de toda la información disponible. Hoy la información está completamente desperdigada y el Estado no compila ni analiza la información para poder hacer una investigación oficial estatal.
En cuarto lugar, la Ley no establece reparaciones económicas serias ni mecanismo de rehabilitación. Muchos de los testimonios hablan de los efectos psicológicos y el Estado nunca asumió estos efectos.
La división de percepciones no es sólo cosa de España. Ocurre en muchos países. Lo que sí que hemos visto aquí es que el Gobierno tuvo la voluntad de explicarnos por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace a diferencia de otros gobiernos. Esto es interesante.
Eso sucedería en una Ley que hiciera una reparación integral sobre todos los aspectos y cuestiones sucedidas en la Guerra Civil. Si la reparación forzada implicó violaciones del derecho a la propiedad es algo sobre lo que nosotros no nos pronunciamos. La experiencia nuestra es que en las desapariciones forzadas, muchas veces, la reparación principal no es la económica sino la verdad y la justicia. Si España debe reparar económicamente o no a las víctimas es una cosa que debe hablar el Estado con las víctimas.
Sobre el tema de la autorización familiar, nosotros preguntamos en el Valle. Nos dijeron que los desconocidos no tenían autorización familiar y que los demás, supuestamente, sí. Lo que nos han dicho es que no tienen forma de comprobar cómo se realizó esa autorización. Todo esto no se ha investigado. Sí que nos han dicho que la exhumación sería en algunos sectores imposible y en otros casi imposible. Hay que debatir el destino del Valle pero no es nuestro trabajo.
Un ejemplo. Estuve hace un año en Chile. La Ley de Amnistía de Chile sigue vigente pero hay 800 militares en prisión. No es una cuestión de la Ley sino de la interpretación. No hubo voluntad del poder legislativo para eliminar esta ley. No hubo voluntad del poder ejecutivo para eliminarla. Hubo voluntad del Poder Judicial para dejar de aplicarla. Por tanto, no se necesita ni al poder legislativo ni judicial, se necesita al judicial.
http://www.publico.es/espana/471748/ariel-dulitzky-se-necesita-abrir-las-fosas-para-poder-cerrar-las-heridas
Ariel Dulitzky.- A. Torrús |
Público.es / ALEJANDRO TORRÚS / 01-10-2013
Ariel Dulitzky es experto del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. Llegó a España el domingo de la semana pasada junto a Jasminka Dzumhur y hasta ayer, lunes, ha estado manteniendo reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura franquista y expertos en legislación en materia de derechos humanos y memoria histórica. La labor del grupo ha sido la de examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la reparación y la memoria.
Las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo fueron contundentes. Entre otras aseveraciones, el Grupo instó al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de víctimas.
En su informe preliminar han calificado de
"lamentable" la situación de impunidad para los casos de desapariciones
forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
¿Han manifestado al Gobierno y a las autoridades con las que se han
reunido este calificativo? ¿Cómo han respondido?
Sí, se lo dijimos en la reunión de esta mañana [por ayer]. Nos
escucharon atentamente y sobre ese aspecto aún no hemos recibido
respuesta. Esta tarde les hemos enviado nuestras conclusiones
preliminares, similares a las que presentamos aquí, y ellos hicieron
algunas precisiones pero sobre este tema puntual, no nos han dicho nada."El Estado debe reparar a las víctimas con urgencia. No queda tiempo"
Tiene que ser un punto algo vergonzoso que vengan de la ONU para calificar de "lamentable" la situación de impunidad.
Sería bueno poder preguntarle a ellos.
También han constatado en sus observaciones
la ausencia total de investigación judicial alguna en curso y el hecho
de que ninguna persona ha sido condenada. A lo largo de su experiencia
profesional, ¿ha visto situaciones similares de no reconocimiento e
impunidad absoluta de los crímenes de una dictadura en un Estado
democrático integrado en la UE como es el español?
Nosotros no comparamos situaciones de un país con otro. Lo que sí
hemos visto en otros países donde ha habido patrones de impunidad es que
siempre han podido ser quebrados por decisiones de los jueces, impulsos
de los familiares o por respaldo de los poderes políticos. Por tanto,
hemos visto que es posible pasar de la impunidad a la justicia parcial o
plena. Pero es un proceso de muchos años.
En España han casi 40 años desde que murió
el dictador. ¿Estamos dentro de la media de tiempo necesario para
quebrantar la impunidad?
Cada proceso nacional requiere el tiempo que requiere. Nosotros sí
vemos el efecto que transcurre el efecto del tiempo. En el caso español
nosotros creemos que produce dos efectos que requieren que el Estado
actúe con más diligencia y urgencia. El primero es que las últimas
personas que vieron con vida a los desaparecidos hoy tienen más de 80
años. Por otro lado, los testigos que han visto donde los ejecutaron y
donde están los cuerpos también tienen esa edad. La única forma de darle
una satisfacción a esas personas es que hoy, no mañana, el Estado actúe
con urgencia. No hay tres o cuatro décadas para dar respuesta."La filosofía de la ley de Memoria Histórica debe cambiar"
Por otro lado, la evidencia física cada vez es más difícil de recuperar. La recuperación de documentos, cadáveres, etc. Todo esto hace que sea necesario más urgencia en las investigaciones, las excavaciones, en la preservación y descubrimiento de otros documentos, ordenación de archivos . El transcurso del tiempo nunca puede servir como excusa para que el Estado no actúe. Al contrario, debe servir para hacer una investigación más profunda.
Acabo de nombrar a las víctimas. Ustedes se
han reunido con más de un centenar de víctimas y asociaciones. En el
informe alaba el trabajo de las víctimas y las asociaciones
memorialistas para la recuperación de la memoria. ¿Le ha sorprendido de
alguna manera el espíritu de lucha de hombres y mujeres con más de 80
años que siguen reclamando verdad, justicia y reparación y que hacen un
trabajo que ustedes señalan que debe realizar el Estado?
Dos reflexiones. El Estado sí ha delegado muchas de sus
responsabilidades en estas asociaciones y eso sí es un problema aunque
nosotros creemos que las asociaciones civiles no pueden ser sustituidas
por el Estado por muy proactivo que este sea. Sí que me ha sorprendido,
aunque no lo reflejamos en el comunicado de prensa, la juventud de la
sociedad civil española en materia de Memoria. La mayoría asociaciones
se han constituido en la década del 2000. En otros países tienen 20 o 30
años de existencia. En parte, esta juventud explica porque las
respuesta del Estado español se empieza a producir a mediados del 2000.Ley de Memoria
La mayor respuesta por parte del Estado fue
la Ley de Memoria Histórica. Ustedes la califican de "limitado alcance"
y han criticado la carencia de presupuesto para su implementación. ¿Qué
recomendaciones hacen al Gobierno para mejorar el alcance de la Ley?
Lo primero que debe cambiar es la filosofía de la Ley. Es decir,
actualmente los familiares y las asociaciones son los que tienen que
solicitar y el Estado en lugar de hacer una investigación da
subvenciones. Tendría que ser: el Estado investiga, sistematiza la
información, pone la información a disposición de toda la sociedad y se
apoya de manera coordinada con familiares, asociaciones y Comunidades
Autónomas.Lo segundo, es que la Ley tendría que contener una obligación de un Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos. Nosotros sabemos que la búsqueda será muy difícil y que muchas de las personas desaparecidas nunca podrán ser identificadas, pero hay que analizar esto.
En tercer lugar, también debe haber una investigación de toda la información disponible. Hoy la información está completamente desperdigada y el Estado no compila ni analiza la información para poder hacer una investigación oficial estatal.
En cuarto lugar, la Ley no establece reparaciones económicas serias ni mecanismo de rehabilitación. Muchos de los testimonios hablan de los efectos psicológicos y el Estado nunca asumió estos efectos.
¿Han pedido explicaciones al Gobierno de por qué han dejado la Ley de Memoria sin presupuesto?
Sí y nos han dicho que fue una decisión fruto de la crisis económica y
financiera que vive España. Lo otro que nos han dicho es que las
demandas de subvenciones han bajado en los últimos años como preveía la
Ley. Esta respuesta se la trasladamos a los familiares y organizaciones y
recibimos una consistente respuesta de que las asociaciones quieren
hacer muchísimas exhumaciones y no tienen fondos y no pueden hacerlas.
Todas nos han dicho que si se hiciera una nueva convocatoria habría
cientos de peticiones de subvenciones. Otra cosa es que la Oficina de
Atención a las víctimas ha sufrido una variación de su nombre
desapareciendo el concepto de víctimas. Muchos nos han dicho que no se
trata solo de una cuestión de economía. La explicación que nos dieron
actores de la sociedad civil es que era una opción política.
¿Y entre las dos versiones, usted con qué se queda?
"Las desapariciones forzadas no son una cuestión del pasado sino una cuestión del presente"La división de percepciones no es sólo cosa de España. Ocurre en muchos países. Lo que sí que hemos visto aquí es que el Gobierno tuvo la voluntad de explicarnos por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace a diferencia de otros gobiernos. Esto es interesante.
Cuando Mariano Rajoy era líder de la
oposición y no había crisis económica, llegó a decir que su futuro
Gobierno no daría ni un euro a la Memoria Histórica. Supongo que este
dato ayuda a averiguar si las decisiones son económicas o políticas.
Nos facilitaron esas declaraciones y las escuchamos. No obstante,
nosotros tenemos que evaluar políticas públicas de los Estados y no
valoraciones de los candidatos a presidente del Gobierno.Abrir las fosas
Sobre las mejoras que me ha enumerado de la
Ley de Memoria. Usted ha nombrado la necesidad de España de crear un el
plan nacional de búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas.
Sectores de la sociedad española afirman, sin embargo, que la apertura
de las fosas significa reabrir heridas y que por tanto hay que dejarlas
cerradas. ¿Qué opina de esta afirmación?
Nosotros defendemos que las desapariciones forzadas no son una
cuestión del pasado sino una cuestión del presente. Las heridas no están
cerradas. No se pueden reabrir porque las heridas nunca se cerraron.
Las víctimas y sus familiares nunca han podido tener su duelo. El duelo
necesita de tener un lugar donde representar el dolor de la separación
con su ser querido. Esto nunca lo tuvieron los familiares de los
desaparecidos. De modo, que las heridas no pueden estar cerradas. La
apertura de fosas significa cerrar las heridas. Nosotros ponemos el
mismo énfasis en tema de justicia como de verdad.
Hablaba de reparación económica, ¿ustedes
defienden una reparación económica a las víctimas o, al menos, la
devolución de las propiedades que fueron confiscadas durante la Guerra
Civil a los llamados perdedores?
"Uno nunca puede saber que el Valle de los Caídos fue un lugar de enterramiento"Eso sucedería en una Ley que hiciera una reparación integral sobre todos los aspectos y cuestiones sucedidas en la Guerra Civil. Si la reparación forzada implicó violaciones del derecho a la propiedad es algo sobre lo que nosotros no nos pronunciamos. La experiencia nuestra es que en las desapariciones forzadas, muchas veces, la reparación principal no es la económica sino la verdad y la justicia. Si España debe reparar económicamente o no a las víctimas es una cosa que debe hablar el Estado con las víctimas.
Valle de los Caídos
Ayer [por el domingo] visitaron el Valle de
los Caídos. Quería preguntarles sobre lo ocurrido allí y lo que se les
contó por parte de las autoridades. También preguntar si les dijeron que
muchos de los cuerpos que allí yacen fueron robados a las familias de
cementerios y fosas comunes.
El Valle de los Caídos es un ejemplo de que el Estado español no
investigada toda la información disponible. Nos dijeron que en este
lugar había personas enterradas de los dos bandos y que alrededor de
12.000 cuerpos estaban sin identificar. Sin embargo, podíamos presumir
de qué bando eran las víctimas por el lugar de enterramiento. Les
preguntamos si habían hecho un análisis del lugar de donde provenían los
cuerpos para saber si hay más desconocidos de un bando u otro, si
habían ido a archivos militares, civiles, donde fuera para investigar
donde murieron y cómo. La respuesta volvió a ser no. El Estado tiene la
información pero no la procesa. Es un ejemplo mínimo, pero allí hay
12.000 cuerpos y el Estado no trata de averiguar quién son.Sobre el tema de la autorización familiar, nosotros preguntamos en el Valle. Nos dijeron que los desconocidos no tenían autorización familiar y que los demás, supuestamente, sí. Lo que nos han dicho es que no tienen forma de comprobar cómo se realizó esa autorización. Todo esto no se ha investigado. Sí que nos han dicho que la exhumación sería en algunos sectores imposible y en otros casi imposible. Hay que debatir el destino del Valle pero no es nuestro trabajo.
¿Puede ser un lugar de memoria, como
sostienen sectores de la sociedad española, un lugar donde Franco está
definido como anterior jefe de Estado?
Mi primera impresión al visitar el Valle de los Caídos es que uno
nunca puede saber que es un lugar de enterramiento y nuestra
recomendación es tomar como base del debate que debe tener la sociedad
española el informe que realizó el comité de expertos [formado por
Zapatero al final de su segunda legislatura). Hay solamente dos tumbas
con nombres. Los otros 35.000 no tienen ninguno. Este es un tema que
hemos visto.
¿Y su sensación personal cuando llegó allí?
¿Tuvo la sensación de poder entender algo de lo que sucedió en España
visitando el Valle?
Yo al ver ese monumento mi primera pregunta fue: Yo, no siendo
católico, ¿quisiera que mi memoria quedara preservada aquí? Ese símbolo
excluye a los que no son cristianos. Esa fue mi primera impresión.Ley de Amnistía
En el informe preliminar, también han
recomendado dejar sin validez jurídica la ley de amnistía en lo
referente a la investigaciones forzadas. En España, la ley de amnistía
ha sido considerada por muchos como la base de la transición y el
perdón. ¿Puede una ley del olvido y no la investigación de la verdad ser
base suficiente para una democracia?
Nosotros decimos que muchas veces son necesarios procesos de
reconciliación para poner fin a dictaduras y a desapariciones forzadas.
Lo que creemos es que la Ley de Amnistía no puede ser obstáculo para una
investigación judicial y nuestro entendimiento es que no era ese el
objetivo de la Ley de Amnistía del 77. Esta ley era para liberar a
presos políticos y reintegrarlos a la vida política. No estaba pensada
para frenar investigaciones judiciales. De modo, que treinta años
después se haya descubierto la Ley de Amnistía con otro objetivo me
genera dudas de si no hay otras interpretaciones posibles.
Ustedes han solicitado que esta ley deje de
tener efectos jurídicos, pero no han sido los únicos. Diversos
organismos internacionales, como ustedes señalan, también lo han
solicitado. ¿Cuando hay tantas peticiones y ningún cambio legislativa,
se puede interpretar una falta de voluntad política dentro del Estado
español?
"La Ley de Amnistía no puede ser obstáculo para una investigación judicial"Un ejemplo. Estuve hace un año en Chile. La Ley de Amnistía de Chile sigue vigente pero hay 800 militares en prisión. No es una cuestión de la Ley sino de la interpretación. No hubo voluntad del poder legislativo para eliminar esta ley. No hubo voluntad del poder ejecutivo para eliminarla. Hubo voluntad del Poder Judicial para dejar de aplicarla. Por tanto, no se necesita ni al poder legislativo ni judicial, se necesita al judicial.
¿Entonces el problema está en el Poder Judicial español?
Las razones por las que se produce lo que se produce las
desconocemos. Lo que sabemos es que el Poder Judicial ha cerrado todas
las investigaciones. Quedan dos pero que no avanzan. Los motivos los
debe decidir la sociedad española. Si es politización, formación de los
jueces, forma en la que se eligen los jueces o cómo promoción, el tipo
de carrera, el tipo de ingreso... Son todo factores que pueden
contribuir. Es la sociedad española la que debe encontrar los errores.http://www.publico.es/espana/471748/ariel-dulitzky-se-necesita-abrir-las-fosas-para-poder-cerrar-las-heridas
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