Valle de los Caídos |
Enrique Villalba. Madrid Diario, 30-09-2011
Este mes de octubre, la comisión del Valle de los Caídos debe emitir un veredicto sobre la naturaleza de la basílica mausoleo. Es muy posible que la decisión influya en la campaña electoral, ya marcada por el día de su celebración, el 20 de noviembre. La trascendencia de la decisión ha motivado un pacto de silencio. Ni el Ministerio de Presidencia, que preside la mesa de debate, ni los comisionados, quieren hablar del asunto, tal y como pudo comprobar Madridiario.
La comisión, constituida el 29 de mayo de 2011, con el apoyo de todos los partidos políticos, pretende despolitizar el Valle de los Caídos y convertirlo en un lugar para la memoria y la reconciliación, sin pretensión de confrontación. Un día después, la Conferencia Episcopal se desvinculaba de la comisión, al preferir no tener representación directa en la misma.
Responde a la exigencia del artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de regir el lugar como un espacio exclusivamente de culto y como un cementerio público. Además, prohíbe realizar en todo el recinto actos de exaltación de la Guerra Civil, sus protagonistas o del Franquismo.
Esta declaración de intenciones no ha eximido a la comisión de polémica. Los principales puntos de fricción han sido: la propia denominación de espacio de reconciliación, la exhumación e identificación de los allí enterrados, la gestión del complejo por parte de monjes benedictinos y, sobre todo, el traslado de la tumba de Franco.
El cadáver del general quema en las manos de la comisión, por la potencia electoral que tendría su manipulación. El Gobierno planteó la posibilidad de su traslado al cementerio de El Pardo, al considerar que sería incompatible con el nuevo espíritu de la basílica, de uso exclusivamente sacro. Los más críticos, incluidos los descendientes del dictador, con esta posición incidieron en el uso como cementerio del lugar al ser una basílica, a lo que el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, apostilló que el lugar es un cementerio para las víctimas del conflicto y el caudillo no lo fue. No ocurre lo mismo con José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española y enterrado también en lugar destacado en el templo.
Otro punto complicado en el debate es la exhumación de los cadáveres enterrados en la basílica, tal y como exigen los familiares. Según datos de Patrimonio Nacional, en el lugar están enterrados 33.833 personas. Según esta misma fuente, 21.423 cuerpos ya estarían identificados. El problema es el de los cadáveres desconocidos (12.410). Los cadáveres de soldados republicanos y nacionales fueron trasladados de 1959 a 1983 desde cementerios y fosas comunes de varios lugares de España. Si bien es cierto que el gobierno franquista invitó públicamente a las familias de los fallecidos en los dos bandos de la Guerra a enterrarse en las capillas de la basílica, el historiador Joan Pinyol demostró que hubo traslados ilegales de cadáveres. Los cuerpos están mezclados y, tal y como explicó Alfredo Pérez Rubalcaba cuando era ministro de Interior, es casi imposible identificar los cadáveres. Lo que no se ha planteado es la declaración de las condiciones en las que trabajaron los presos republicanos. Según unas fuentes, lo hicieron en régimen de redención de penas y cobrando un salario similar al de los trabajadores libres. Para otra parte de la historiografía, trabajaron en condiciones de semiesclavitud. Las cifras de presos muertos en las obras oscila entre los 14 y los 27.000.
La denominación del Valle de los Caídos como espacio de reconciliación tiene un cariz más político que religioso. El origen del problema está en que Franco estableció en el decreto fundacional del ámbito, aprobado el 1 de abril de 1940, en el que se establecía que el lugar era un espacio de conmemoración de los caídos de la Cruzada. Al concluir la obra, entre 1957 y 1958, el decreto fundacional se modificó para que la basílica sirviese de mausoleo de la reconciliación, desde la religión. En 1960, el papa Juan XXIII secundó este documento. Sin embargo, a nivel político, el Gobierno democrático no consideró válida dicha declaración. Por eso, ahora se discute.
La situación de los monjes benedictinos de Silos que gestionan la basílica se trató en la visita del papa Benedicto XVI el pasado mes de agosto. Rouco evitó que Ratzinger visitase el lugar durante su paso por El Escorial, en plena Jornada Mundial de la Juventud.
El Gobierno trató de que el pontífice, a través de del secretario de Estado del Vaticano, Tasicio Bertone, mediase con la Conferencia Episcopal en el asunto del Valle de los Caídos. Según Jáuregui, hubo gran receptividad por parte del clero. El ministro garantizó que la basílica continuaría siendo espacio de culto y que la presencia de los monjes benedictinos en la abadía está garantizada. Lo que no trascendió es si los monjes seguirán siendo los gestores del templo y las dependencias anexas o estarán bajo la tutela de una fundación. También está asegurada la presencia de los símbolos religiosos. Especialmente, se conservarán la Gran Cruz, la más alta del mundo con 108 metros de longitud, y la Piedad, de Juan de Ávalos, que fue restaurada con polémica por Patrimonio Nacional. Es de suponer, en ejercicio de la Ley de Memoria Histórica, que los escudos y otra iconografía franquista sí sean retirados.
Otro elemento no comentado es si se recuperará para el uso el centro de estudios sociales del complejo, cerrado en 1982. En este organismo se dio formación acerca de doctrina social de la Iglesia y de otros estudios de búsqueda de la justicia social.
El Valle de los Caídos fue construido entre 1940 y 1958. Fue diseñado por Pedro Muguruza y Diego Méndez. Las esculturas fueron realizadas por Juan de Ávalos y el mosaico monumental por Santiago Padrós.
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