La embajadora en Ginebra defiende que la convención de la ONU de 2010 sobre desapariciones forzadas es "un instrumento y mecanismo de futuro" que no debe aplicarse al pasado
Amnistia Total |
España ha defendido este miércoles ante un comité de Naciones
Unidas que no revisará la amnistía de 1977 para crímenes políticos
cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
Las autoridades españolas se han pronunciado de esta forma ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU dos días después de que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y grupos de derechos humanos pidieran que se investigara las desapariciones de este periodo de tiempo, emprendiendo para ello las reformas necesarias para salvar la Ley de Amnistía de 1977.
"Las medidas adoptadas por el Gobierno español no serán revisadas", ha expuesto la embajadora de España en Ginebra, Ana Menéndez Pérez, ante el comité formado por once expertos legales independientes.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional también han pedido que España abra una investigación que dé respuesta a las desapariciones del franquismo ya que son miles las víctimas que todavía están enterradas en fosas comunes.
Ante la posición del Gobierno de España, familiares de víctimas del franquismo han recurrido a la legislación de países como Argentina, al fin de encontrar a sus seres queridos. El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se encarga de vigilar el cumplimiento de la convención de la ONU de 2010 sobre desapariciones forzadas, ratificado por 40 países y del que España fue uno de los primeros firmantes.
Según la representante española, esta convención era "un instrumento y mecanismo de futuro" que no debe aplicarse al pasado ya que la ley de amnistía obtuvo el apoyo popular cuando fue aprobada, se aplicó a los dos bandos del conflicto y era "parte de un intento por ir más allá de la época de la Guerra Civil".
Las autoridades españolas se han pronunciado de esta forma ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU dos días después de que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y grupos de derechos humanos pidieran que se investigara las desapariciones de este periodo de tiempo, emprendiendo para ello las reformas necesarias para salvar la Ley de Amnistía de 1977.
"Las medidas adoptadas por el Gobierno español no serán revisadas", ha expuesto la embajadora de España en Ginebra, Ana Menéndez Pérez, ante el comité formado por once expertos legales independientes.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional también han pedido que España abra una investigación que dé respuesta a las desapariciones del franquismo ya que son miles las víctimas que todavía están enterradas en fosas comunes.
Ante la posición del Gobierno de España, familiares de víctimas del franquismo han recurrido a la legislación de países como Argentina, al fin de encontrar a sus seres queridos. El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se encarga de vigilar el cumplimiento de la convención de la ONU de 2010 sobre desapariciones forzadas, ratificado por 40 países y del que España fue uno de los primeros firmantes.
Según la representante española, esta convención era "un instrumento y mecanismo de futuro" que no debe aplicarse al pasado ya que la ley de amnistía obtuvo el apoyo popular cuando fue aprobada, se aplicó a los dos bandos del conflicto y era "parte de un intento por ir más allá de la época de la Guerra Civil".
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