LA QUERELLA EN ARGENTINA POR CRIMENES DE LA GUERRA CIVIL
Por la memoria en España
Exiliados
y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los
113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y
que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.
27 Noviembre 2011
El
régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos
grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia
trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en
fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos
crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana,
los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de
las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que
cruce el charco y “se constituya en la embajada argentina en España”
para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados
rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General
española que asegura que en ese país se “han tramitado y se están
tramitando” los procedimientos judiciales en ese sentido.
“Tras
40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe
siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en
numerosos países, incluido el nuestro, (si no que) no hay un solo niño a
quien se haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que
haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado
declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los
múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos”, argumenta el
texto entregado por los denunciantes a la jueza, y al que tuvo acceso
Página/12.
Entonces,
señala el mismo documento, “corresponde” que la jurisdicción argentina
investigue los delitos contra la humanidad ocurridos entre 1936 y 1977,
procese a sus responsables y repare a las víctimas “de tanto crimen
impune”. “Lo que solicitamos en esta última presentación son, ya no
medidas probatorias, sino acciones concretas referidas a los
querellantes y al pueblo español en sí”, explicó Máximo Castex, uno de
los abogados del equipo de letrados que representa a los denunciantes.
En esa línea, se instó a Servini de Cubría a que se traslade y reciba en
la embajada nacional localizada en Madrid los testimonios y denuncias
de víctimas.
La
querella es acompañada entre otros organismos de derechos humanos por la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e inició la
demanda el 14 de abril de 2010. La causa se basa en los mismos
principios de derecho universal que permitieron al juez español Baltasar
Garzón juzgar las dictaduras de Argentina y Chile, e incluso detener en
1998 a Augusto Pinochet. El primer paso de los letrados argentinos fue
pedir a España explicaciones, es decir, preguntar si en ese país “se
está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado,
deliberado y planificado para aterrorizar a españoles, a través de su
eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con
pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977”.
La
respuesta enviada por la Fiscalía General española hace pocos meses
destaca en el punto número 1 de sus conclusiones que “en España se han
tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos
procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos
durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, tanto en la
eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la
forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores”.
Sin
embargo, las causas abiertas a las que se refieren las autoridades
judiciales españolas “están paralizadas o archivadas”, puntualiza
Castex, y detalla que además provienen “de la causa madre iniciada por
Garzón”, que fue procesado y suspendido en su cargo por haber dado lugar
al enjuiciamiento del franquismo. “Es absurdo –dispara– que se lo
procese a Garzón por haber investigado y después se utilice su causa
para decir que España está haciendo justicia.”
En
tanto, “hay 113.000 cuerpos desaparecidos, 30.000 niños secuestrados,
2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones”,
contó a este diario Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre murió fusilado
por oficiales de La Falange en 1936, y es uno de los querellantes en
esta causa. La fiscalía española asegura que están en curso “un
importante número de supuestos de sustracciones o entregas ilegales de
menores”, pero “no mencionan un solo tribunal actuante en esa línea de
investigación, de lo cual se deduce sin dificultad que no existe
ninguno”, responden los abogados argentinos.
Párrafo
aparte, Castex critica que “queda a las claras que si realmente
existiera voluntad de investigación, en vez de alegar que ‘ninguno de
los denunciantes que presentó causas desde Argentina lo había hecho en
España’, lo que tendrían que haber hecho (los fiscales españoles) es
iniciar de oficio la investigación, como corresponde”.
Ese
desinterés judicial se profundiza en el plano político. En julio último,
el Congreso español rechazó una propuesta del Bloque Nacionalista
Gallego que buscaba derogar la Ley de Amnistía española de 1977 para
posibilitar la investigación de los crímenes de la dictadura franquista.
Esa circunstancia, concluyen los abogados de la querella, “corrobora la
falta de determinación y la imposibilidad de investigar por parte del
Estado español”.
Informe: Rocío Magnani.
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