La ARMH quiere denunciar el
incumplimiento de los derechos que tienen y no pueden ejercer los
familiares de las víctimas de la Dictadura franquista en el Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
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| Víctimas de la dictadura franquista |
nuevatribuna.es | Actualizado 29 Agosto 2011
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) quiere recordar que mañana se conmemora el Día Internacional de la Víctimas de las Desapariciones Forzadas.
Se trata de una fecha reconocida por la Asamblea General de Naciones
Unidas para denunciar la existencia de un drama extendido por numerosos
países. En el caso de España, y según se supo a raíz del intento de
investigación del juez Baltasar Garzón, son 113.000 los hombres y
mujeres que permanecen en fosas comunes sin ser identificados.
La ARMH quiere denunciar, cuando llega
esta fecha, el abandono que sufren por parte del Gobierno español los
familiares de los desaparecidos como consecuencia de la represión
franquista.
La desaparición forzada es
el delito más grave que existe en el Derecho Penal. Se trata de una
detención ilegal, acompañada de torturas y posteriormente de un
asesinato tras el que se oculta el cadáver. Por esa razón se trata de un
delito permanente, porque el secuestro del cadáver se sigue cometiendo
hasta la confesión de los autores del delito o hasta los restos sean
encontrados con evidencias que permitan la identificación. Eso quiere
decir que mañana, en el día internacional de los desaparecidos, volverán
a desaparecer decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas en nuestro
país.
El pasado 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas. Se trata de una regulación, que desde ese
día forma parte de la legislación española, que define las obligaciones
que tienen los Estados en la erradicación de las desapariciones y que el
Gobierno español lleva incumpliendo desde el primer minuto de su
entrada en vigor.
La ARMH quiere denunciar la
prevaricación generalizada, salvo mínimas excepciones, del poder
judicial español que convive, sin llevar a cabo ningún tipo de
actuación, con la falta de investigación y reparación a víctimas de los
delitos más graves que se han cometido en el Estado español. Desde la
Fiscalía General del Estado hasta el Consejo General del Poder Judicial,
pasando por los numerosos jueces que no investigan las fosas que se
denuncian desde las asociaciones se aplica en la jurisdicción española
una ley de hierro que sostiene la impunidad de las violaciones de
derechos humanos de la dictadura. Se trata además de un maltrato a los
familiares de los desaparecidos a los que se culpabiliza por haber
sufrido ese gravísimo delito. Sólo hay que ver el proceso contra el juez
Baltasar Garzón que ha sido tratado como un delincuente por haber
investigado hechos reales y haber tratado de ayudar a las familias.
La ARMH, que la pasada semana realizó la
exhumación de los restos de 14 mineros en la localidad leonesa de
Joarillas de Mata, seguirá trabajando por los derechos de las víctimas y
de sus familias y cumpliendo un deber que las leyes hacen recaer en el
Estado que desde la muerte del dictador Francisco Franco ha omitido sus
deberes.
"En el Estado español hay 113.000 hombres y mujeres cuyos restos se encuentran sin identificar en fosas comunes"
"En el Estado español hay 113.000 hombres y mujeres cuyos restos se encuentran sin identificar en fosas comunes"
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