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| Retirada de la estatua de Franco (Valencia) |
El País, - 16 Octubre 2011
Entre la muerte de Franco y la retirada de su estatua ecuestre de la plaza del Ayuntamiento de Valencia pasaron ocho años. Se han necesitado otros 27 y una Ley de la Memoria Histórica para izar la misma estatua del patio de la Capitanía General de Valencia, donde había recalado en un repliegue airoso, y depositarla en un almacén militar en Bétera, fuera del ojo público.
Puede que sea un tiempo excesivo, pero ha mitigado la fiebre de las heridas recientes. El 9 de septiembre de 1983, los operarios que participaron en el desmontaje de la estatua trabajaron encapuchados y soportaron una lluvia de piedras de ultraderechistas que se opusieron a la salida de su icono con toda la violencia que les permitió la policía. La operación intentó hacerse a hurtadillas -comenzó de madrugada- y acabó en un espectáculo público que duró 11 horas. Un concejal de Alianza Popular (AP) depositó una corona de flores a los pies del equino, mientras otros coreaban: “El burro y el caballo, fuera de la plaza”.
En abril de 2010, la retirada de la misma estatua de la Capitanía General de Valencia se realizó con pulcritud e indiferencia: recubierta por una lona blanca, fue alzada por una grúa en una operación sin incidentes. El pasado duele menos.
Con parecida normalidad se han retirado -a veces modificado- otros 600 vestigios del franquismo que pervivían en edificios o espacios de la Administración estatal para cumplir la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en 2007, tras ser examinados por una comisión de expertos creada por el Ministerio de Cultura. En esta lista que había sobrevivido a la muerte de su inspirador había de todo: las consabidas placas a caídos y mártires, fervorosos saludos falangistas (¡Presentes! y ¡Arriba España!), 81 escudos en relieve con el yugo y las flechas, cuberterías y vajillas en embajadas y sillas y mobiliario de la Fiscalía con el mismo símbolo preconstitucional, estatuas, bustos y óleos del dictador… Incluso objetos más fantasiosos, como el monumento con huellas de los pies de Franco en Ceuta, mirando al Estrecho; siete hitos de piedra de dos metros con yugo y flechas espaciados en la A-31 (Albacete) o la alfombra de 10×15 metros de la biblioteca de la Embajada de España en Roma con el voceado ¡Franco, Franco, Franco!, tejido en un lateral.
En sus dos años de trabajo, la comisión de expertos se ha encargado de valorar las excepciones en la retirada de símbolos franquistas de los organismos públicos de la Administración General del Estado. Tras examinar más de 700 restos de todo tipo, ha indultado alrededor del 10% por su valor histórico, artístico o artístico-religioso. Y también aquellos casos en los que se aconsejó por razones técnicas: la extracción ponía en peligro la estabilidad del edificio. Un último salvoconducto era que el objeto no exaltase ni la Guerra Civil ni la dictadura, lo que ha permitido conservar elementos concretos. El Ministerio de Defensa, propietario de la mayoría de los símbolos que pasan a la reserva, se anticipó en buena parte a la tarea de la comisión. En su inventario rastrearon 410 objetos que atentaban contra la ley por exaltar el franquismo o la Guerra Civil. En general, la comisión de expertos corroboró su parecer excepto en un par de vestigios, donde enmendaron su criterio y obligaron a retirar escudos preconstitucionales (Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife).
Con sus trabajos finalizados, se puede concluir que las huellas de Franco salen definitivamente de los edificios estatales casi cuatro décadas después de su muerte. ¿Una larga espera? “En estos años habían ido desapareciendo vestigios de la dictadura de las ciudades, digamos que esto es el remate final”, plantea la subdirectora de Cultura, Mercedes del Palacio. “Es probable que muchos piensen, o pensemos, que se ha tardado demasiado, pero la Transición, que fue una fórmula adecuada de reconciliación nacional, condicionó el desarrollo una política de memoria que enlazase con la tradición democrática anterior”, añade.
No todo lo público está limpio de residuos franquistas. “La asignatura pendiente les queda a los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, que estarían incumpliendo la ley si mantienen vestigios”, sostiene Josefina Cuesta, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca.
Los retirados, según su naturaleza, se han trasladado a depósitos y museos. Una parte notable irá al Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), en Salamanca, cuando disponga de nuevas dependencias con capacidad para almacenar decenas de placas, escudos, bustos y óleos realizados en honor de Franco. La sorprendente acumulación de menaje, cubertería y mobiliario que lucía el yugo y las flechas se destina al Museo de Artes Decorativas.
En ningún caso, los expertos han planteado la destrucción de los elementos franquistas y, si la retirada era inviable, se optó por proponer el recubrimiento o medidas similares. Un pequeño grupo del inventario inicial se excluyó porque no pertenecían a la Administración estatal.
A quienes se oponen a la desaparición de estos elementos con el argumento de que son -guste o no- historia o antídoto contra el olvido, la catedrática de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carme Molinero, contrapone lo siguiente: “Es necesario distinguir entre un monumento o símbolo que implica homenaje o reconocimiento público y una construcción que respondía a una finalidad concreta”. Y concluye: “Una sociedad democrática no debería normalizar los referentes de las dictaduras y, por lo tanto, no debería mantener el homenaje a esos referentes. Distinto es el caso de algunas construcciones cuya conservación, más allá de su valor artístico, puede ayudar a explicar ese pasado dictatorial. En este caso debe ir acompañada por la explicación necesaria para las nuevas generaciones”.
