sábado, 17 de enero de 2015

CiU, PP y PxC rechazan una consulta sobre el monumento franquista a la batalla del Ebro

Las formaciones tumban la moción de ICV en Tortosa


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Monumento que Franco levantó en 1966 en medio del río Ebro 

 El Diario.es, 13/01/2015
CatalunyaPlural.cat   – Barcelona
Las formaciones tumban la moción de ICV en Tortosa, que planteaba una consulta sobre el futuro del monumento que Franco levantó en 1966 en medio del río Ebro a su paso por la localidad
Pronto se cumplirá medio siglo de la inauguración protagonizada por el dictador Franco en 1966 del monumento a los caídos – sus caídos, se entiende– durante la batalla del Ebro. 25 metros de acero que levantan un soldado y un águila en medio del río a su paso por la localidad de Tortosa, apoyados en una pilastra que otrora sustentó el puente de la Cinta, volado por el ejército republicano en primavera de 1938. Casi 50 años després, parece que el mayor monumento franquista en Catalunya seguirá a la vista de los vecinos de Tortosa, puesto que CiU, con el extraño apoyo de PP y Plataforma per Catalunya, rechazó una consulta sobre su futuro.
Con mayoría absoluta en el consistorio, y el voto de los ediles del PP y PxC, CiU votó en contra de la moción propuesta por ICV-Entesa per Tortosa, que planteaba celebrar una consulta sobre el futuro del monumento y la aceleración de la pasarela peatonal prevista para ocupar este trazado, el del viejo puente de la Cinta. La reacción del gobierno municipal, sin embargo, fue tachar la propuesta de “electoralista”, al ser presentada meses antes de los comicios municipales, y acusar al partido promotor de haber gobernado la ciudad con los socialistas durante ocho años sin retirar la cuestionada estatua.
La presencia de este monumento, degradado por la falta de mantenimiento, siempre ha suscitado polémica en la localidad, aunque el rechazo a una consulta popular planteada en 2010 parecía que había enterrado el debate durante un tiempo. Algunos vecinos defienden su valor histórico para interpretar lo sucedido, y argumentan que los elementos franquistas ya fueron retirados, como por ejemplo el anagrama Víctor que sujetaba en sus garras el águila.
Pero lo cierto es que el complejo escultórico todavía conserva una leyenda claramente franquista: “A los combatientes que hallaron gloria en la batalla del Ebro”, reza una placa en la pilastra. Y no parece que haga referencia a los miles de soldados que murieron defendiendo la República, sinó tan solo el bando franquista.
El portavoz municipal de ICV, Jordi Jordan, lamenta el rechazo a su propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que no planteaba todavía ni fecha ni opciones de la consulta. “Solo llevábamos el compromiso de hacer la consulta, en consonancia con un derecho a decidir que en principio CiU defiende”, apunta Jordan.
En su opinión, la consulta podría plantear varias opciones, como retirar el monumento, museizarlo o convertirlo en un espacio de memoria histórica –”como ha sucedido con los campos de concentración nazis”, ejemplifica– con su pertinente contextualización. A propósito de las acusaciones de oportunismo político, asegura que lo presentan ahora para aprovechar “la reordenación de la fachada fluvial”, y hace “autocrítica” cuando se le pregunta por qué no retiraron el monumento cuando su formación formaba parte del gobierno municipal tripartito.

Los símbolos franquistas nos son “sandeces”

Las leyes están para cumplirse pero, en ocasiones, se hace la vista gorda


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 En Tarancón, 10-01-2015
Opinión
Es lo que sucede con la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Parlamento durante el gobierno de Zapatero. Si nos damos un paseo por Cuenca capital todavía podemos ver la “Cruz de Jose Antonio Primo de Rivera”. Y en nuestro pueblo, en el cementerio, también encontramos monumentos con símblos franquistas…
El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca, donde gobierna el partido socialista, aprobó recientemente solicitar al Obispado la retirada de los símbolos franquistas de la fachada lateral de la Catedral, concretamente la inscripción de Primo de Rivera y el escudo del yugo y las flechas.
A raíz de esta propuesta socialista, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cuenca, Pedro José García Hidalgo, declaró que no entendía como con“tantas cosas que hay que hacer en una ciudad sucia, con un transporte público totalmente deteriorado, sin pulso, triste y sin proyecto de ilusión”,  su alcalde  dedicaba “tiempo a esas sandeces”.
Unas declaraciones que la Asociación para la Memoria Histórica de Cuenca  respondió con contudencia, y que, por su interés, reproducimos integramente:
¡Vaya! Esta asociación lleva trabajando más de 10 años en sandeces y cosas sin importancia; No hay más que repasar la hemeroteca, Sr García Hidalgo, para darse cuenta. Además, con lacerante simpleza, afirma pasar por la cruz todos los días y no haberla visto. En fin.
¿Qué les sucede a ciertos sectores del PP? Sobre todo en lo que al cumplimiento de la ley toca, ley que lleva siete años en vigor y que se incumple sistemáticamente. Las declaraciones de la semana pasada del no muy ingenioso Hidalgo no hacen más que repetir los mantras que los populares han usado ad nauseam todos estos años. Suponemos que cuando el alcalde de Horcajo de Santiago restituyó la calle José Antonio como una de las primeras medidas de su legislatura, por cierto contraviniendo la ley del 2007, eso no serían sandeces sin importancia, ¿No? O cuando argumentó en los medios que en Horcajo había muchos José Antonios, no lo interpretara este señor como muestra de inteligencia retórica. ¿O sí? Por cierto que en la misma población una concejala de este partido anduvo retwiteando arribas a España y vivas a Franco. Nada muy democrático, ¿O sí? Habría que verlo, quizá, a la luz de la ley de partidos políticos.
Repasemos algunas de las argumentaciones del PP provincial al respecto de la memoria histórica, en 2004 nada más empezar esta Asociación sus actividades, el entonces portavoz del PP en diputación nos comparaba nada menos que con ETA, ¿Les suena? Les juro que no hemos estado nunca en ETA, ni somos miembros de Podemos. No faltan los recursos a la historia, comparando el franquismo con Isabel la católica, no sabemos si es que se documentan mezclando los episodios de Cuéntame con los de Isabel, pero lo que sí sabemos es que es muy poco serio y no es de buena gente. Les aseguro que tratar al abuelo de uno como si fuera poco menos que el hombre de Atapuerca es de muy difícil comprensión, especialmente para mi madre, su hija, amén de la crueldad implícita en la afirmación (negación). No sermos nosotros quienes usen tan simples e inhumanos argumentos con los beatos mártires del obispado de Cuenca.
La situación en Tarancón no es mejor, aprovechamos estás líneas para demandar del ayuntamiento la retirada de los monumentos con simbología franquista del cementerio, manteniendo solo el que es cristiano. Sabemos bien que la Sra Bonilla nos contestará que es más oportuno que lo solicitemos en fecha y forma, por escrito. Y así lo haríamos si no hubiéramos recibido la misma contestación hace tres años y un mes, cuando solicitamos por escrito permiso, que no financiación, para la colocación de una placa en memoria de las víctimas del franquismo de la localidad. Petición que aún no ha recibido respuesta alguna, lo que consideramos, ciertamente, de una descortesía y dejadez sin límites. ¿Fecha? ¿Forma?
Ciertamente, nos encontramos más a gusto en escenarios más civilizados, más democráticos. Como el trato que tuvimos con los alcaldes populares de Uclés, como cuando en Villarrobledo nos concedió permiso para erigir un monumento un alcalde socialista y nos lo corroboró uno popular, o al contrario cuando Francisco Pulido nos dio permiso para idéntico fin y nos lo corroboró Juan Ávila. Eso sí, con total normalidad democrática y digno de ser mencionado, como hemos mencionado actitudes similares de la derecha conquense siempre que se han producido. Un escenario sin duda mejor y más transitable que todas estas sandeces.
Sinceramente pensamos que esta petición del ayuntamiento de Cuenca al obispado llega tarde, aunque nunca es tarde si la dicha es buena. Nos quedamos con la iniciativa de Monseñor del Hoyo, que anunció públicamente en el verano de 2004 que el obispado retiraría los símbolos, ahora en disputa, de motu propio sin que se lo pidiera nadie, para evitar polémicas innecesarias.

“Los muertos son nuestros”

La Junta de Andalucia quiere exhumar en solitario a los fusilados en Ronda (Málaga)


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Francisco Pimentel (Asociación Memoria Histórica de Ronda)
Interviú, 08/01/2015
Ronda – Las familias exigen participar.
Las familias exigen participar La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una serie de exhumaciones administrativas de las fosas de la Guerra Civil. El Gobierno autonómico asume la dirección e impone su método en las aperturas, sin garantizar pruebas de ADN, con presupuesto recortado y dejando… al margen a las familias de los fusilados.
La próxima exhumación de la fosa del cementerio de San Lorenzo, en Ronda (Málaga) –que alberga entre 1.700 y 3.000 republicanos asesinados–, se le ha atravesado a las familias, que habían solicitado una subvención para acometer su propio proyecto.
En otros puntos de Andalucía asociaciones de familiares también protestan por razones similares. Interviú • Ana María Pascual 30/12/14 La fosa común del cementerio de San Lorenzo, en Ronda (Málaga), donde yacen desde hace 77 años entre 1.700 y 3.000 personas fusiladas por las fuerzas franquistas, recuerda a un altar, encalado y lleno de flores y de velas; una especie de santuario que las viudas, los hijos y los nietos de los asesinados han cuidado y donde, en voz baja, prometieron un día a sus muertos que los sacarían de allí. En esa misión han puesto todo su empeño.
Unos 150 familiares pertenecen a la Asociación Memoria Histórica de Ronda. Algunos se han preparado durante los últimos ocho años para afrontar un proyecto de recuperación e identificación de los restos; han buscado en los archivos documentación sobre las ejecuciones, han presenciado decenas de exhumaciones, han estudiado leyes y han localizado a un centenar de testigos de la represión.
El trabajo de la asociación, por fin, daba frutos el año pasado, cuando hizo unas catas para analizar la profundidad y características de la fosa, gracias a una subvención de la Junta de Andalucía. Hoy, la entidad es una de las asociaciones de Memoria en guerra con el Gobierno autonómico.
En otros puntos de Andalucía, como Castro del Río (Córdoba) o la ciudad de Málaga, familiares de represaliados critican a la Junta por haber permitido que con dinero público se realizaran exhumaciones deficientes.
Cuando las familias de Ronda solicitaron de nuevo, en septiembre de 2013, dinero para acometer la anhelada exhumación, se les argumentó que no había presupuesto. Pero un mes después, la Junta comunicaba al Ayuntamiento de Ronda que iba a abrir por su cuenta la fosa; una decisión que se puso sobre el papel un año después, el pasado 7 de octubre, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta. La Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), adscrita a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dirigida por Izquierda Unida, anunciaba así una de las primeras exhumaciones de oficio que va a hacer el Gobierno andaluz.
La medida ha generado indignación entre las familias, que consideran que los restos les pertenecen y, por tanto, deben formar parte de su proyecto de recuperación. La defensa de la fosa común de Ronda, ciudad en la que los bombardeos fascistas causaron una masacre en septiembre de 1936, ha marcado la historia de los represaliados en esta localidad. A mediados de los cincuenta, un edil rondeño ordenó cubrir la fosa con cemento por razones de “higiene pública”. El motivo que trascendió en el municipio fue otro bien distinto: impedir que los restos fueran trasladados al Valle de los Caídos, como había ordenado el dictador. Quedan vecinos que recuerdan el episodio. Francisco Pimentel, de 70 años, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Ronda, cuyo abuelo yace en la fosa, vio el boquete que hicieron para sacar los esqueletos. “Se veían los huesos. Para mí, que era un crío, fue traumático. Un grupo de mujeres se arremolinó frente a la fosa para impedir a los operarios que sacaran de allí a sus seres queridos. La Guardia Civil acudió; dispararon al aire para disolver a las mujeres. Poco después se colocó la losa de cemento. El concejal debía tener una humanidad atípica: protegió los restos e impidió que fueran mancillados”. “Las familias investigamos y tenemos proyecto. La Junta solo quiere hacerse la foto”, dice Pimentel Las familias de los fusilados están dispuestas a volver a defender “sus huesos”. Once días estuvo Francisco Pimentel en huelga de hambre, en noviembre pasado, apostado junto al muro de los fusilamientos del cementerio, para protestar por la decisión de la Junta. “Claro que queremos que se exhume a nuestros familiares, es el objetivo de la asociación. Pero no entendemos el afán de la Junta y de su director general de dejarnos fuera, de no contar con nosotros, que somos los que hemos investigado, los que tenemos un proyecto para la fosa y para nuestros antepasados. Ellos no tienen proyecto, se trata de sacar huesos y hacerse la foto electoral”, denuncia Pimentel, que dejó la huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática, para la creación de un comité de coordinación para la exhumación, formado por la Junta, el Ayuntamiento de Ronda, la asociación de familiares, el PSOE, el PP, IU y el Partido Andalucista. Restos en cajas de cartón La primera reunión de ese comité, el pasado 15 de diciembre, fue un fiasco. “Vinieron dispuestos a imponer su fuerza institucional sobre la razón de nuestros sentimientos”, declara Pimentel. Según Luis Naranjo, lo que empuja a la Junta es solo la legalidad: “Desde 2013, siguiendo las recomendaciones de la ONU en materia de exhumaciones, es el Estado el que debe tener la iniciativa y la ejecución en ese terreno. La cuestión técnica nos corresponde a nosotros, para garantizar que la exhumación se haga con todas las garantías. La investigación histórica y los reconocimientos sociales les corresponden a los familiares, que son la columna vertebral de la Memoria Histórica”, expone Naranjo. Antes de que le nombraran director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo fue vicepresidente en 2011 de la Asociación Foro por la Memoria Histórica de Córdoba y apoyó la decisión del ayuntamiento cordobés, de IU, de no exhumar la fosa común del cementerio de San Rafael porque no había dinero para las identificaciones posteriores. “Hay tres mil y pico personas enterradas. ¿Para qué las sacamos? ¿Para ponerles un número?”, dijo entonces Rosa Candelaria, teniente de alcalde de Córdoba, a esta revista. Esto es lo que temen las familias rondeñas, que sus familiares acaben en cajas de cartón con un número como única identificación. Cuestión de dinero La principal pista que tiene la Asociación Memoria Histórica de Ronda para sospechar que la actuación de la Junta no incluirá la identificación de sus parientes son los 17.000 euros de presupuesto. “Nuestra asociación solicitó 88.000 de subvención, un presupuesto ajustado pero que serviría para exhumar 110 cuerpos e identificarlos –explica Pimentel–. Naranjo va a poner 17.000 euros. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Pues abrir un boquete, sacar lo que pueda, y meter los huesos en cajas de cartón, sin que se llegue a saber a quién pertenecen esos restos”. Lo mismo opina Cristóbal Sánchez Flores, miembro de la asociación y cuyo abuelo fue el último alcalde de la República en Ronda, al que fusilaron y echaron a la fosa. “Como familiares, no nos gustan los planes de la Junta. O las cosas se hacen bien o mejor que no se hagan. Sabemos que en otras exhumaciones de la provincia no se han identificado los restos, como en el cementerio de Málaga. Aquí queremos sacar uno por uno e identificarlos. ¿Qué es eso de imponer una exhumación por edicto?”. Las familias piden que, como primera medida, se ponga en marcha una campaña para localizar a los familiares vivos de los fusilados y tomarles pruebas de ADN. “Son personas muy mayores que se están muriendo”, dice Pimentel. También consideran que se debe hacer una búsqueda exhaustiva de documentación en archivos para obtener toda la información posible sobre la identidad de los ejecutados. “Es necesario disponer de un laboratorio que sea el lugar de depósito de restos, de estudio antropológico y realización y cotejo de ADN. Todo esto, antes de comenzar con la exhumación”, explica el presidente de la asociación de Ronda. “La memoria histórica no consiste solo en gastar dinero –replica Luis Naranjo–. Espero contar con la colaboración del Ayuntamiento de Ronda para que aporte operarios y tenemos el compromiso del Hospital de la Salud de Ronda para que albergue los cadáveres y haga los análisis de ADN por un presupuesto módico”. Reticencias La Dirección General de Memoria Democrática ha costeado, mediante subvenciones, unos 30 procesos completos de exhumación, según Luis Naranjo. “Hay que ir cambiando el enfoque: el deber de exhumar, e inhumar cuando no hay familiares localizados de los represaliados, es de las administraciones públicas”. A sus 83 años, lo único que le queda por hacer en la vida a Ana María Peña Sánchez es depositar los restos de su padre, fusilado en 1937, en la tumba donde descansa su madre, en Paranta, un pequeño pueblo a doce kilómetros de Ronda. De allí se llevaron los falangistas una noche a Antonio Peña Román, jornalero de 28 años y padre de tres hijos. Uno de ellos, Mateo, nació un mes después de que su padre fuera asesinado y hoy observa con desazón los impactos de bala aún visibles en la verja del cementerio de San Lorenzo. “No tenemos información de lo que va a hacer la Junta de Andalucía. Sabemos que lo han publicado en el Boletín Oficial, pero a las familias no nos han dado explicaciones. Y digo yo: si los muertos son nuestros, ¿no tenemos algo qué decir? O, por lo menos, que nos pidan permiso para cualquier cosa que se haga con ellos”, dice Mateo Peña, de 77 años. “Antes de exhumar, hay que localizar a los familiares vivos, y la Junta no lo va a hacer”, denuncian en Ronda Inma Rosado Montero, de 59 años, cuyo abuelo, Juan Montero Toscano, yace en la fosa de Ronda desde 1937, pide al director general de Memoria Democrática que no se mancillen los restos de los fusilados. “Sabemos que en otras exhumaciones los restos no han sido tratados todo lo bien que debieran. Se han dejado a la intemperie, sin protección frente a la lluvia y al sol, poniendo en peligro la obtención de ADN. Si van a hacer esto aquí, mejor que no abran la fosa”. Juan Montero era vecino de Cueva del Becerro, a 20 kilómetros de Ronda. “La noche del 16 de marzo de 1937 mataron a 16 personas del pueblo y amanecieron 36 niños huérfanos –cuenta Inma–. Mi abuelo además era viudo. Cuando lo pusieron en la fila para fusilarlo se escapó y se metió debajo de un camión. Allí mismo lo tirotearon. Mi madre se ha pasado toda su vida preguntándose el porqué”.
La fosa de los curas
También el padre de Antonio Heredia Cortés, rondeño de 80 años, pereció en los fusilamientos masivos de marzo y abril de 1937 en el cementerio de Ronda. Era obrero metalúrgico y tenía 32 años y cuatro hijos. “Un practicante del pueblo quiso sacarlo de la fila, pero cuando llegó ya era tarde. Ya estaba en la fosa”, recuerda su hijo. Antonio Heredia considera que “debería ser la asociación quien dirija la exhumación. Llevamos mucho tiempo preparando este momento. Queremos hacer una cripta para depositar allí a nuestros familiares, con sus nombres y apellidos. Otras familias prefieren enterrarlos en sus pueblos”, matiza Heredia. Hay otra fosa común en el cementerio rondeño de San Lorenzo. Es la que alberga a 42 religiosos salesianos ejecutados por las milicias republicanas, acusados de dotar de armas a los militares sublevados. Sobre esa fosa, que casi linda con la de los represaliados de izquierdas, no hay planes de exhumación. Los familiares de esos muertos decidieron hace tiempo que los religiosos descansarían juntos para siempre en esa tierra del camposanto rondeño.
Una exhumación en la fiscalía Los restos de cuarenta hombres fusilados en 1937 por los militares franquistas aguardan desde hace dos años en cajas de cartón en el cementerio de Castro del Río, un municipio cordobés donde la represión fascista fue cruel. No han sido identificados, pese a que la Junta otorgó una subvención de 400.000 euros al Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, una entidad que nada tenía que ver con la asociación de familiares de la zona, la Agrupación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de Castro del Río, que ha acabado denunciando a la receptora de la subvención. El asunto está en la Fiscalía de Córdoba. “Nadie nos informó previamente de que iban a exhumar a nuestros muertos, ni nos pidieron permiso –dice a interviú Francisco Merino, miembro de la asociación de Castro del Río–. A los familiares nos dijeron que no se podía analizar el ADN de los restos por estar enterrados directamente en la tierra. Todo se hizo mal: ni había personal cualificado, porque el trabajo de exhumación se gestionó a través de un taller subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo; ni había antropólogo, historiadores, forense, documentalistas. No se hizo el trabajo de archivo previo ni se tomó testimonio oral a los familiares para que explicaran quiénes eran sus parientes fusilados”.

martes, 6 de enero de 2015

La leyenda del hockey, el hijo de ‘Begoñita’ de Las Cortes


UNA DE LAS NIÑAS EXILIADAS EL 13 DE JUNIO DE 1937 DE SANTURTZI EN EL BARCO ‘HABANA’ A LENINGRADO FUE MADRE DE UNO DE LOS MEJORES DEPORTISTAS RUSOS DE LA HISTORIA

UN REPORTAJE DE IBAN GORRITI - Domingo, 28 de Diciembre de 2014
A buen seguro, son contados con los dedos de una mano los vascos que tienen noticia de que la madre de uno de los considerados mejores jugadores del mundo de hockey sobre hielo era de la calle Las Cortes de Bilbao, niña exiliada de la guerra. El historiador iurretarra Aitor Beobide (1979) tiene todos los apuntes para transmitir esta atractiva historia a sus alumnos del instituto de Arrigorriaga. “Buscando información sobre la película Stalingrado, me apareció que el film tuvo más taquilla en Rusia que Leyenda nº 17, del año pasado, protagonizada por uno de los deportistas más famosos de todos los tiempos y, tirando del hilo, resulta que su madre era de Bilbao”, comenta Beobide orgulloso e ilusionado.
Todos los detalles de este episodio de memoria colectiva vasca enganchan a quien lo descubre por primera vez. El jugador de hockey Valeri Borísovich Jarlámov fue hijo de Carmen Oribe (alias Begoña), una de las niñas que soltó amarras desde Santurtzi a bordo del histórico barco Habana. Un total de casi 1.500 menores de entre cinco y doce años pusieron rumbo lejano a un desconocido enclave el 13 de junio de 1937, tan solo seis días antes de la ocupación de los golpistas de julio de 1936 en Bilbao: Leningrado. Una fue Begoña, quien se hizo amiga de Clarita Aguirregabiria, madre a la postre del famoso baloncestista Txetxu Biriukov, seleccionado por la URSS en 22 ocasiones y por España en 67, incluidos los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. “La historia para mí tiene aún mayor aliciente porque se habla del histórico barco Habana en el viaje que hizo a la URSS, porque en Euskadi solo se habla de cuando fue a Inglaterra”, explica.
Valeri Borísovich Jarlámov fue hijo de Carmen Oribe (alias Begoña)

Una vez casada, Carmen Oribe Abad, nacida en 1925, tomó el nombre de Germana Jarlamova. El registro-nómina que atesora en Madrid, y al que ha tenido acceso este diario a través de la asociación Archivo de Guerra y Exilio (AGE), cita que fue obrera y que falleció en “1987 o 1992”, dato no preciso. “Murió, según cuenta la película, al poco tiempo de fallecer su hijo en un accidente de coche. Murió de pena, de tristeza”. La estrella mundial del hockey murió el 27 de agosto de 1981 a los eternos jóvenes 33 años. De forma paradójica perdió la vida en el mismo lugar en el que vino al mundo: en un coche.
El próximo 14 de enero, de estar vivo, cumpliría 66 años. Valeri (se pronuncia Valera) Borísovich Jarlámov fue un jugador soviético de hockey sobre hielo que jugaba en la posición de ala izquierda y que a día de hoy aún está considerado uno de los mejores en la historia de este deporte. Su intensa biografía fue llevada a la gran pantalla el año pasado en la película ruso-española Leyenda nº 17, donde lo interpretó uno de los jóvenes talentos del cine ruso, Danila Kozlovsky.
Desde 1968 hasta su temprana muerte fue una de las grandes estrellas tanto de la selección soviética como del CSKA de Moscú, con quien fue ocho veces campeón del mundo y once veces campeón de la entonces URSS. Fue campeón olímpico en Sapporo 72 e Innsbruck 76, así como subcampeón en Lake Placid en 1980.
Valeri falleció en un accidente de tráfico junto a su mujer Irina en una autopista cerca de Moscú. En 2005 fue incluido a modo póstumo en el Salón de la Fama del Hockey sobre hielo de Toronto, siendo el tercer soviético que lo conseguía tras Vladislay Tretiak y Viacheslav Fetísov.
Tres años después, la Federación internacional lo eligió como uno de los integrantes del llamado Equipo del Centenario, una selección hecha por 56 expertos de 16 países y donde están los seis mejores jugadores de la historia. “Fue conocido en todo el mundo, porque en tiempos de la Guerra Fría se enfrentaban las selecciones rusa con la estadounidense o canadiense...”, agrega Beobide.
VIVENCIAS
Este medio se ha puesto en contacto con el Centro español de Moscú -con mayoría de vascos en su seno- y el presidente Francisco Mansilla trabajó con Carmen Oribe en Tibilisi. “Pero no la volví a ver”, informa brevemente. Sabe que Begoñita -como era conocida- conoció a un mecánico ruso, se enamoraron y tuvieron un hijo al que llamaron Valeri, en memoria de Valeri Chkalov, aviador y héroe del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial.
El registro del exilio a aquella URSS cita a la bilbaina como el número 3.043 y en él también aparecen otras personas con los mismos apellidos que pudieran ser sus hermanos: Diego (1931, repatriado) y Francisco (1929, fallecido).
Tal es su fama que su camiseta cuelga a día de hoy del techo del pabellón del CSKA de Moscú, por lo que se decidió que nunca ningún jugador de hockey del club volviera a vestir el número 17.

sábado, 3 de enero de 2015

Andalucía destinará 10 millones en cinco años para "Saldar deudas con las víctimas de franco"

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Varias personas se manifiestan por la memoria histórica en el día de la Comunidad andaluza (Efe)

ISABEL MORILLO. SEVILLA – 24/12/2014
La ley de memoria democrática de Andalucía enfila su recta final con la previsión de que vea la luz en enero (pinche aquí para leer el anteproyecto). Lleva meses de retraso. La norma, impulsada por la vicepresidencia de Diego Valderas (IU), es uno de los símbolos que los socios del Gobierno de Susana Díaz quieren enarbolar en los próximos meses. El informe del Consejo Consultivo, paso previo a su aprobación definitiva por parte del Consejo del Gobierno, ya ha visto la luz “sin demasiados borrones”, según fuentes de la Junta. Contará con una memoria económica de 10 millones de euros para su despliegue en los próximos cinco años, avanza el Ejecutivo autonómico.
Con el apoyo de las principales asociaciones de víctimas de Andalucía, la Junta ha elaborado un proyecto no exento de polémica y que contará con el rechazo político previsible del Partido Popular. Ya ha habido fricciones con algunos ayuntamientos del PP. Entre las principales novedades se prevé un catálogo de sanciones para que en el plazo de doce meses desde su entrada en vigor se retiren todos los símbolos del franquismo en Andalucía. Inicialmente se preveían 18 meses pero la dilación en su aprobación ha llevado a la consejería de Valderas a acortar esos plazos. Las multas van desde los 150.000 a  los 200 euros. La mayor sanción multará la construcción sobre fosas comunes, que pasarán a ser consideradas como Bienes de Interés Cultural (BIC), por lo que deberán ser tratados como yacimientos arqueológicos. La negativa a retirar símbolos franquistas también será multada, penando tanto a los ayuntamientos como a las comunidades privadas de vecinos.
La Junta trabaja en un catálogo que señala los principales símbolos de la dictadura franquista que siguen en pie en Andalucía. La catalogación es complicada dada la profusión en pueblos y ciudades, admiten fuentes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Son “miles”, sostienen. Placas conmemorativas, plazas y calles con nombres de generales de Franco o altos cargos de la Iglesia vinculados a la represión fascista centran el catálogo. También será obligatorio la retirada de las placas que marcan, normalmente con el yugo y la flecha, las llamadas “casas baratas del franquismo”, construidas por la llamada obra sindical o el entonces Ministerio de Vivienda. Desde la Junta animan a los propietarios a desatornillar lo antes posible ese tipo de distintivos, que también podrán ser multados en caso de resistencia.
Desde calles a colegios publicos
Ya la ley de memoria histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero obligaba a retirar todos estos símbolos, pero la falta de desarrollo reglamentario posterior y la falta de fondos públicos han convertido esa norma en papel mojado en la mayor parte de su articulado. No obstante, muchos ayuntamientos andaluces ya han aprobado mociones dirigidas a retirar estos símbolos. Uno de los episodios más relevantes en Andalucía lo protagonizó el consistorio de Granada, que finalmente el pasado verano y tras muchas reticencias y años de litigio retiró el monolito a Primo de Rivera por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras una denuncia de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. El ayuntamiento, del PP, esgrimió “razones artísticas” para negarse a la retirada. También en Huelva o Sevilla hay mociones aprobadas que dictan la retirada de estos símbolos.
Pero no solo los ayuntamientos pasarán por el examen de la ley de memoria democrática. La Junta reconoce que aún existen colegios públicos en Andalucía con nombres dedicados a famosos generales golpistas. En los juzgados de Sevilla es visible una placa en homenaje al dictador, la Universidad Hispalense acaba de aprobar la retirada de un escudo franquista, similar al que luce en la Escuela de Bellas Artes de Almería. También los cementerios andaluces se encuentran plagados de símbolos.
Habrá también un censo público de víctimas de la represión en Andalucía y se instaurará el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje, conmemorando la primera exhumación en la comunidad. La mayor parte de la dotación económica de la ley andaluza estará destinada a abrir fosas y recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. Fuentes del Gobierno andaluz explican que esa es “la prioridad”. Quedan ya pocos familiares directos de estas víctimas y advierten de que se  hará un esfuerzo para acelerar los trámites y que puedan enterrar a sus desaparecidos.
La Junta actuará de oficio, se autorizan expropiaciones a titulares privados y habrá un mapa que identifique las, al menos, 620 fosas donde yacen unos60.000 desaparecidos en Andalucía, según estimaciones oficiales. Ya hay planes en marcha y en el actual presupuesto se destina una partida de950.000 euros para este fin. En los dos últimos años y medio, la Junta ha realizado unas 40 intervenciones, algunas excavaciones con resultados negativos. Este mismo mes se anunciaba el cierre de las fosas abiertas en el cementerio de Almería tras fracasar la búsqueda de restos en un caso no exento de fricciones con el ayuntamiento de la ciudad.
La “ocultación de información”, las dificultades para obtener pruebas documentales o decisiones en los 60 y 70 no comunicadas oficialmente de desenterrar muchos de estos cuerpos son las principales razones que, según la Junta, hace que estas excavaciones tengan un índice no desdeñable de fracasos.
Se recogerán muestras de ADN de familiares de las víctimas que entrarán a formar parte de un banco público biogenético para facilitar el reconocimiento de los restos que sean exhumados. Se actuará, explican, exactamente igual que se hace ahora con los familiares de aquellas personas desaparecidas buscadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  La ley andaluza no contempla indemnizaciones directas a las víctimas y considera que “la mayor reparación es la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos”.
Andalucía sí aprobó en 2010 un decreto dotado con 180.000 euros destinado a resarcir a un centenar de mujeres represaliadas por las tropas de Franco. Pese a que esta medida generó una gran polémica las indemnizaciones a victimas de la dictadura franquista se recogen en los presupuestos andaluces desde el año 2001, con un cómputo global de 2.469 beneficiarios y un importe de diez millones de euros.
Nuevo temario en las aulas
La ley también llegará a las aulas andaluzas. Es otro de los aspectos que ha sido motivo de controversia. Aunque en un principio solo se regulaba la “enseñanza de la memoria democrática” en Secundaria y Bachillerato, la norma en su última redacción también incluye las clases de Primaria, una demanda, explican, recogida en la fase de exposición pública de la ley.
Los contenidos curriculares no se ceñirán a la Guerra Civil sino que abarcarán desde 1931, con la II República, hasta 1982, año de aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Los cambios no estarán tanto en los temarios, donde ya se recogen muchas de estas materias, sino en “acabar con el desinterés del profesorado y la poca presión social”, señalan desde la Vicepresidencia del Gobierno andaluz.
En prevención de  la polémica que ya se sabe que generará esta medida, desde la Junta aluden a la actual ley orgánica de educación (Lomce) aprobada por el ministro José Ignacio Wert con el rechazo de todos los grupos parlamentarios y que “prevé la enseñanza del holocausto judío mientras omite que los republicanos españoles también fueron víctimas en campos de concentración y hubo muchos presos políticos”. IU presionará para que la norma vea la luz en enero y advierten de que no admitirán muchos más retrasos.

Defensa ha gastado 130.000 euros en localizar cadáveres de la División Azul

El Estado español financia desde 1996 la búsqueda y exhumación de los cadáveres

El Estado español financia desde 1996 la búsqueda y exhumación de los cadáveres de combatientes españoles
Combatiente españoles de la división Azul


Diario de León
30 diciembre 2014
Fue el Gobierno socialista quien suscribió en septiembre de 1995 el convenio con Volksbund, una fundación alemana que se encarga de la búsqueda de los desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial. Durante el año 96 se procedió a la búsqueda de información sobre los españoles caídos en la 250 División Española de Voluntarios, la División Azul del ejército nazi. Hasta el 2001, y según los datos del Gobierno en una respuesta parlamentaria al PSOE, se han exhumado 1.162 cadáveres de doce cementerios del oeste de Rusia. Además, en los próximos meses Volksbund procederá al levantamiento de un cementerio de San Petersburgo donde descansan 727 soldados españoles.
El coste de la colaboración con la fundación alemana asciende, según Defensa, a 90.000 euros. La mayoría de los cuerpos (se han repatriado tan sólo unas pocas decenas) serán trasladados al cementerio ruso de Pankovka, remodelado con 40.000 euros, según el Gobierno. En la actualidad, este cementerio alberga a 829 españoles caídos en la contienda internacional. En los próximos meses, y coincidiendo con la finalización de estas obras, el Gobierno realizará un acto conmemorativo en recuerdo a estos españoles que combatieron junto al nazismo.
Esta implicación del Estado en la búsqueda y recuperación de los cuerpos de la División Azul contrasta con la ausencia de cobertura legal y económica en el caso de la localización de las fosas comunes de los represaliados por el franquismo durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posguerra. Una búsqueda de desaparecidos que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica comenzó en León (una provincia muy afectada por la represión, debido a la rápida victoria del ejército rebelde), donde se calcula que todavía hay un millar de cadáveres en fosas comunes (más de 20.000 en España), y que ha desbordado a la organización que dirige Emilio Silva.
La diputada leonesa del PSOE, Amparo Valcarce, cree que «el ministerio de Justicia debe firmar convenios similares al de Volksbund para buscar a los españoles desaparecidos en el territorio nacional». «Ya tienen un ejemplo para recuperar la dignidad de los desaparecidos. Queremos que no muerda la memoria y el recuerdo y que estos españoles tengan un entierro digno. El Gobierno no debe mirar hacia otro lado y debe decir ”no al olvido”; hay que recordar que las naciones que olvidan su historia están condenadas a repetir lo pero de esa historia y que este país tiene que compensar a quienes nada tuvieron».

La Transición fue una traición

Lo que nosotros, los resistentes, no podemos aceptar con resignación es que la Historia la escriban los enemigos y los conformistas


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Lidia Falcón
 Lidia Falcón. Público, 01-01-2015
Cayo Lara dice que su generación que vivió la dictadura sabe lo que es la Transición. “Yo soy de los que defiende que se hizo lo que se podía, los sindicatos y la izquierda conquistaron lo que pudieron. Y fue un pacto no de élites. Algunos lo califican de pacto de élites… Fue un pacto de élites que estaban en la cárcel y en el exilio y otros que estaban en el poder y en la dictadura. Se habría podido avanzar mucho, pero la ruptura de ese pacto por parte de la derecha política y económica es lo que nos ha llevado a esta situación de deterioro. El no haber desarrollado España como Estado federal y plurinacional nos ha llevado a la situación actual respecto a Catalunya.”
No sólo Cayo Lara y su generación vivieron la dictadura y la Transición. Otros como yo, que pertenecemos a la generación anterior, y todavía la de mis padres, que muchos estaban vivos, las vivimos también. Y estuvimos en pie de guerra durante largos años para que no se ratificaran los pactos que nos traicionaban. La Transición fue la gran Traición. De los que estaban en el exilio, como Carrillo. y de los que habían estado en la cárcel. como Camacho. Solé Tura y otros redactores de la Constitución ni habían estado en la cárcel ni en el exilio, y pronto se vio el beneficio que obtuvieron. Por supuesto los grandes beneficiados fueron los que estaban el poder y que no lo abandonaron.
Es falso que se hubiera podido avanzar mucho con los pactos de la Transición, la prueba es el camino que hemos andado. Y no únicamente por culpa de la derecha, a menos que creamos que las derechas son demócratas y benéficas y sólo ahora, con Rajoy de gran culpable, han cambiado. Desde el momento en que el Partido Comunista acepta la Monarquía, el himno franquista y la bandera borbónica; el mismo Ejército que había masacrado a su pueblo, la misma Iglesia que había sido cómplice del genocidio español, y consiente en mantener intacto el reparto de la riqueza, el poder de la banca, de los grandes consorcios industriales y de los latifundistas del sur y del oeste de España, y aprueba la Ley de Amnistía del 77 que dejaba impunes a los asesinos fascistas, la rendición de las clases trabajadoras era sin condiciones. Tan sin condiciones que un año antes de aprobar la Constitución se firmaban los Pactos de la Moncloa para entregar todo el poder al capital y dejar al proletariado sometido a la patronal.
Y tan humillante rendición se acepta por el PCE para implantar esta parodia de democracia que reinstaura a una Casa Real corrupta, que nos está esquilmando desde hace 39 años, y que alterna en el gobierno a uno u otro partido, ambos siervos de la Banca Mundial, de las multinacionales y de la empresa armamentística, mediante la parodia de elecciones en que los resultados están previstos de antemano. Es demasiado el precio que se ha pagado por el acta de legalización del Partido Comunista.
Que nadie arguya que sin esa legalización el PCE no podía participar en política. Un partido que fue el hegemónico durante 40 años de dictadura, cuyos heroicos militantes habían sufrido persecuciones, torturas y asesinatos sin cuento, ¿qué podía temer en la era de las “democracias” europeas? Todos sabíamos que la clandestinidad se había acabado, quizá no pudiera obtener los escaños en el Congreso y las concejalías en algunos ayuntamientos, pero el precio de tanta rendición era demasiado barato.
A raíz del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 escribí un análisis que publiqué en Poder y Libertad (¿dónde iba a ser?) sobre la imposibilidad de que aquel golpe triunfase. Y eso que todavía no tenía todas las claves de la implicación del rey y de los socialistas en el diseño del otro golpe, el de Armada. No me equivoqué. Ni la situación de Europa en aquel año ni el lugar que tenían en la producción, y en la ideología dominante, el Ejército, la banca, los consorcios industriales, los Grandes de España que poseen Andalucía y Extremadura, y la Iglesia, podían propiciar un golpe a lo del año 36. Como decía Marx, si la primera vez fue una tragedia, la segunda fue una farsa. Y así fue y así ha sido. Al fin y al cabo, los vencedores de la Guerra Civil seguían, y siguen, siendo los que detentaban el poder; no necesitaban provocar una nueva guerra.
Los Pactos de la Moncloa hundieron la capacidad adquisitiva del proletariado, el Estatuto de los Trabajadores anuló ventajas y derechos que había concedido la dictadura y la Ley de Amnistía garantizó la impunidad de los asesinos y ladrones que nos habían aniquilado y esquilmado. Todavía están en todas las cunetas, caminos, cementerios y carreteras de España los restos insepultos de nuestros padres y de nuestros abuelos, que en número de más de 150.000 convierten a España en el más grande cementerio. Y cuando en esforzado trabajo, costeado por ellos mismos, los nietos de los asesinados han conseguido hallar una fosa con restos humanos, los jueces se niegan a acudir a levantar los cadáveres, contraviniendo toda norma legal.
Somos el país con más desaparecidos del mundo, en proporción a su población, después de Camboya. Y el más desgraciado. Porque hasta en Camboya y en Sudáfrica se ha constituido una Comisión de la Verdad y se ha enjuiciado a algunos de los criminales que perpetraron las matanzas. En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Guatemala, en El Salvador, en Italia, en Grecia, en Portugal, en Alemania, se ha procesado a algunos de los verdugos, que hasta han llegado a ingresar en prisión, mientras que en España los genocidas son los que gobiernan el país, ellos o sus hijos o sus cómplices. Nunca se ha investigado la fortuna de los Franco, de la que siguen disfrutando sus herederos. Nunca se ha enjuiciado a Manuel Fraga, a Serrano Suñer, a Arias Navarro, a Martín Villa, que mantiene las mismas prebendas y negocios.
Contra todo lo que defienden los hagiógrafos de La Ley de Amnistía, desde Nicolás Sartorius a Manuel Fraga, ese cuerpo legal no vino a sacar de la prisión a los antifranquistas encarcelados sino a garantizar la impunidad de los franquistas. El indulto del 27 de noviembre de 1975, por la coronación del nuevo rey, dio la libertad a miles de presos por delitos de asociación, opinión, sindicalismo, prensa, como al propio Sartorius y a Camacho y a los del proceso 1001. Y sobreseyó los sumarios y dejó sin juicio a miles de nosotros que nos encontrábamos en libertad provisional. El segundo indulto en el 76 concluyó de liberar a los que tenían acusaciones de más calado y posteriormente, en el 77, cuando se aprueba la Ley de Amnistía, solo quedaban encarcelados 70 u 80 presos de ETA condenados por terrorismo. Esta fue la única contrapartida por haber dejado sin Memoria Histórica, sin pasado, sin justicia y sin compensaciones a cientos de miles de represaliados por el fascismo y a todo un pueblo.
Cayo Lara podía saber, y debía decir, que es falso que los redactores de esa perversa Constitución se propusieran construir un Estado Federal. Ni en 1978 ni en 2015. Desde el mismo momento en que aceptaron la Monarquía sabían que estaban aherrojando a los pueblos de España. Para eso la escribieron, para seguir explotando a los trabajadores y las trabajadoras, para impedir que se proclamara la III República, para que no se pudiera articular la forma de Estado como una Federación. Sometido el país al Ejército como garante de la unidad de España. Ni aunque ahora el PSOE invente esa farsa de federalismo tiene voluntad de implantarlo, porque lo primero que es preciso para ello es proclamar la III República. Nunca se ha visto mayor disparate político y jurídico que el de una Monarquía Federal. Y ni siquiera Cayo Lara se lo dice.
Todo esto, y mucho más, como los más de trescientos trabajadores, mujeres, y militantes de la izquierda, asesinados por los fascistas entre 1925 y 1982, contuvo la tan elogiada Transición. Y Cayo Lara no sólo debería saberlo, sino que debería explicárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos antes de que se embrutezcan totalmente con las enseñanzas oficiales, con la propaganda dominante de las televisiones en poder de las oligarquías. Cayo Lara tiene la responsabilidad de estar informado y de informar, porque para eso es dirigente de Izquierda Unida, y aunque ya no se llame Partido Comunista muchos camaradas están ahí, muchas mujeres y hombres de izquierda siguen entregando su esfuerzo para que este país no sea tan amnésico, tan cruel, tan indiferente, tan cainita con sus antepasados y con sus contemporáneos. Y las mujeres y los hombres de las clases explotadas no se merecen una explicación falsa y traicionera como la que precisamente está defendiendo la derecha, desde Rajoy a González. ¿No es una extraña casualidad?
Fueron los comunistas los que inventaron la autocrítica. Más exigentes que los que les habían precedido hasta entonces en las luchas políticas, decidieron no entregarse a la autocomplacencia de sentirse satisfechos con todo lo actuado. Tanto han sido críticos con ellos mismos que en ciertos momentos se han despedazado, y ahora, cuando ya ha llegado el momento de ajustar cuentas con el enemigo, ahora aceptan la tesis de éste y muestran que están padeciendo el síndrome de Estocolmo, como decía tan certeramente Carlos París.
Pero lo que nosotros, los resistentes, no podemos aceptar con resignación es que la Historia la escriban los enemigos y los conformistas. Porque nuestros antepasados, aquellos que dieron la libertad y la vida por evitar el triunfo fascista, se merecen que se reivindique su heroicidad, y también nuestros descendientes se merecen que les cuenten la auténtica historia, a los que de otra manera dejaremos en la ignorancia y el engaño para que sufran nuevas derrotas. Como también nosotros mismos, los que aún estamos vivos y sabemos lo que fue la interminable lucha contra la dictadura y más tarde contra la democracia, por tener un país digno que legarle a nuestros hijos, no nos merecemos tanta mentira.
Hasta la última gota de saliva, hasta el último resuello del aliento, hasta el último minuto de vida, debemos seguir gritando la verdad; esa que, como decía Antonio Gramsci, es siempre revolucionaria.