jueves, 3 de septiembre de 2015


ITINERARIO MEMORIALISTA POR CARTAGENA (4)

La enseñanza republicana, las escuelas graduadas y Félix Martí Alpera.

 
La política republicana diseñó un sistema educativo público, laico y gratuito, que fomentase la formación integral del individuo y favoreciese la igualdad de oportunidades. La educación era la base de todo progreso y una palanca de promoción social. De este modo se pretendía superar las desigualdades educativas por motivos económicos y sociales. “España no será una auténtica democracia  mientras la inmensa mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a perpetua ignorancia”, decía un decreto del 23 de junio de 1931 sobre la convocatoria de 7000 plazas de maestros.  El ambicioso programa, que pretendía acabar con el monopolio educativo  existente, proyectó la construcción de 5.000 escuelas anuales (no todas serían de nueva planta, en muchos casos se adaptaron nuevos espacios para abrir más aulas). Se hizo, por tanto, necesario el aumento de plazas de maestros, mediante cursillos intensivos de selección, incremento de sus salarios, etc. Se reforzaron las Escuelas Normales de capacitación del profesorado, aumentaron los cursos de formación pedagógica continua, se crearon secciones de Pedagogía en las Universidades de Madrid y Barcelona,… Se apostó por una secularización de la sociedad y por alejar de las aulas todo tipo de enseñanza dogmática. Se trataba de instruir en libertad a los hombres y mujeres del futuro fomentando la reflexión y el espíritu crítico, siendo el instrumento fundamental para este cometido los nuevos maestros y las nuevas  maestras. Se pretendía, además, democratizar la vida docente, creando los Consejos Locales y Provinciales de Instrucción Pública y los Consejos Escolares (para implicar a los padres junto con los docentes en la organización y funcionamiento de los colegios) y, con ello también, descentralizar las actuaciones administrativas en las escuelas.

La política educativa conllevó reformas técnicas de mejora en los medios materiales y  en los recursos humanos, actualizando los métodos pedagógicos bajo la intervención del Estado, mientras8 que el contenido en el plano ideológico contempló la laicidad, la gratuidad y la coeducación como parte de la promoción de las libertades públicas. La educación entendida como instrumento de transformación individual y social, así como herramienta para transformación del país (el índice de analfabetismo era de, 23,6% en los hombres y del 38,1 en las mujeres).

Uno de los principios de la República era la libertad de culto, la libertad religiosa, en la escuela respecto a la conciencia del niño y del maestro. Estos planteamientos religiosos, así como la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, fueron recibidos como una afrenta por parte de la Iglesia. Por otro lado, la mayoría de los republicanos, celebraban esta legislación porque consideraban que la Iglesia, con su tradicional monopolio en la enseñanza, era la responsable del atraso, del analfabetismo y del oscurantismo del país, que frenaba todo tipo de modernidad y de progreso, así como a la introducción de todo pensamiento y teoría extranjera.

 
Se hizo en los dos primeros años de la República un ingente esfuerzo por cumplir la ley y se consiguió, en gran parte en lo que respecta a la Enseñanza Secundaria, no tanto en la Primaria, de la que todavía quedaban Centros para ubicar a todos los maestros  que salieron de esos cursos acelerados de formación. Pero esto era demasiado para la Iglesia y la derecha más conservadora, que se creía con el derecho absoluto de adoctrinar las conciencias (sumisas, claro) y de ordenar la vida educativa del país. Llegaron las elecciones de Noviembre de 1933 y el triunfo de la derecha paralizó la ley y mantuvo abiertos los centros de enseñanza religiosos, rectificando la política pedagógica y escolar del periodo azañista. A pesar de ello el balance fue espectacular si se compara con el periodo anterior. En 1930 existían 35.000 escuelas primarias estatales, y en apenas cinco años se crearon más de 13.000 centros, y se construyeron 31 institutos de Bachillerato frente a los 80 ya existentes. Para atender estos nuevos establecimientos se incrementaron en más de 14.000 las plazas docentes. Los maestros y las maestras se convirtieron en los artífices de la nueva escuela republicana, los responsables de formar a los ciudadanos del mañana. Por este motivo, las autoridades reconocieron su importante labor mejorando sus salarios y su reconocimiento social.

 
La Segunda República, además, se ocupó de la promoción de la lectura con la creación y ampliación de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional. El acceso libre y gratuito se convirtió en un derecho democrático y el concepto  de biblioteca popular de carácter paternalista (dirigida a mejorar la formación de la clase trabajadora) de épocas pasadas fue sustituido por el de biblioteca pública abierta a todos los ciudadanos como obra de justicia  e igualdad social.

Pero no menos importantes fueron las denominadas Misiones Pedagógicas, por las que se pretendía acercar el mundo de la cultura al mundo rural –tradicionalmente olvidado por la Administración-  como obra de justicia social. Los misioneros, que eran jóvenes voluntarios universitarios, llevaban libros, copias de cuadros del Museo del Prado, películas de cine o grabaciones musicales, representaciones de teatro o de guiñol, etc. Además se impartían clases a los maestros rurales para mejorar sus prácticas docentes y actualizar sus conocimientos. De este modo se intentaba elevar el nivel de instrucción de las masas campesinas, aisladas del mundo exterior. Evidentemente, también había  una intención socializadora y legitimadora del nuevo régimen, que acabara con las resistencias -prácticas caciquiles- de las fuerzas vivas  de  los pueblos al cambio social y político salido del 14 de Abril de 1931.

Por todos estos motivos, no podemos extrañarnos de cual fue uno de los sectores que sufrió más las iras de la Iglesia y de la represión franquista. Los maestros y las maestras se convirtieron así en un peligro evidente para la nueva sociedad que se pretendía construir tras la sublevación militar contra la República. Entre asesinados, exiliados, encarcelados, deportados y depuestos de sus funciones, fueron más de 50.000 los maestros y maestras represaliados tras el golpe de Estado fascista.

Llegamos así a nuestro Itinerario Memorialista y, en Cartagena,  tenemos un caso muy ilustrativo de sobre la represión dirigida al sector educativo:

En el año 1900, en la calle Gisbert, se construyeron las primeras Escuelas Graduadas de España, importante edificio ecléctico con elementos modernistas, cuya construcción dirigió el arquitecto municipal Tomás Rico. En este edificio comenzaron en España de manera experimental el nuevo tipo de organización escolar: por primera vez las clases se impartirían clasificando al alumnado por edad y nivel, al contrario que en la tradicional Escuela Unitaria.
Escuelas Graduadas de la
calle Gisbert.

 

 Dentro de esta experiencia pionera de nuestro Ayuntamiento, se designaron a dos maestros, don Enrique Martínez Muñoz y don Félix Martí Alpera, para realizar una ruta por las escuelas de Europa con el objetivo de  importar las más novedosas experiencias educativas de Alemania, Francia, Bélgica, Suiza e Italia.

Pero este edificio fue testigo  también de la ignominia fascista: la causa abierta por las autoridades franquistas contra el insigne pedagogo Martí Alpera, por su condición de republicano, profesor de ideas liberales, defensor de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza e impulsor de la Escuela Nueva.

Félix Martí Alpera.
Félix Martí Ibáñez dedicó toda su vida profesional a la modernización y renovación de la Escuela Pública en España, y su labor pedagógica, tan brillantemente desarrollada tanto en Madrid como en Cartagena y, posteriormente, en Barcelona, se vio bruscamente truncada por el proceso de depuración franquista que apartó al maestro más famoso del país de su labor docente, destino que, al igual que a él, se sometió a tantos profesores republicanos, sin más motivo para ser apartados de su puesto de trabajo, que haber luchado por la renovación de la escuela.

Junto a la puerta de entrada de lo que hoy es un edificio destinado a usos sociales y culturales, sede además, de la Asociación de Amigos de las Escuelas Graduadas, existe un rótulo que nos habla del antiguo uso pedagógico de la construcción y el hito que supuso la fundación de estas escuelas para la historia de la educación en nuestro país; que nos explica la declaración del edificio, hace once años, como monumento con carácter de bien de interés cultural, pero ninguna mención a la ocupación que de ellas llevaron a cabo las tropas vencedoras de la guerra civil, que dos semanas después de la conquista de la ciudad establecieron allí la base de tres juzgados militares permanentes para juzgar a los cartageneros y cartageneras que se mantuvieron fieles al gobierno durante la contienda.

 
Por todo ello reivindicamos la memoria de nuestros edificios y de nuestros ciudadanos que fueron represaliados por defender la legalidad vigente y exigimos, por otro lado, la RETIRADA DE BUSTOS, NOMBRES, HONORES Y PLACAS FRANQUISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO.








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